VALENCIA. "¿Tienen algo que ocultar?", es la pregunta que cualquier ciudadano de Valencia puede y tal vez deba plantearse ante la negativa tajante de la alcaldesa y de su teniente alcalde a informar sobre los contratos y adjudicaciones que entidades vinculadas al consistorio y presididas por ambos concedieron a terceras empresas. No vale el argumento de que ya han sido auditadas por firmas externas. La función principal de la oposición, en un ayuntamiento o en cualquier parlamento representativo, es fiscalizar la actuación de los gobernantes y enfrentarse a la presunta impunidad que les da la posesión de mayoría absoluta parlamentaria.

La solicitud de información sobre los contratos y adjudicaciones que realiza la oposición municipaln o es caprichosa. Hay indicios consistentes sobre la comisión de presuntas irregularidades en tales actos. No obstante, la presunción de inocencia se encuentra por encima de cualquier sospecha. Pero para recibir ese derecho antes hay que ejercer la obligación de mostrar transparencia y actitudes limpias y democráticas, algo que no parecen entender en el Ayuntamiento de Valencia.