La sentencia sienta jurisprudencia en todo el Estado y permite invocarla ante todos los tribunales
VALENCIA. Es la segunda sentencia, pero hay más pendientes. Hace años que los diputados de Compromís y de Esquerra Unida han librado una batalla en los tribunales para lograr un derecho que se les negaba en el seno del Parlamento valenciano, el acceso a los contratos y documentos públicos. El Consell gobernado durante veinte años por el Partido Popular (PP) lo denegaba una y otra vez impidiendo a la oposición cumplir con la labor encomendada por sus votantes de fiscalización del Ejecutivo. 
En esta ocasión, el Tribunal Supremo, al fin, sienta jurisprudencia con una sentencia que sigue la línea de la anterior de 2013 relativa a los contratos menores con la trama Gürtel y que convierte esta doctrina en obligatoria ante todos los tribunales y en todo el Estado español. El Alto Tribunal ha confirmado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que obligaba al Consell a entregar a Compromís encuestas pagadas por la Generalitat.
La diputada de Compromís, Mónica Oltra, ha destacado al hacer pública esta sentencia que se condena al Gobierno valenciano a pagar 3.000 euros en costas. Oltra ha anunciado que reclamarán al Tribunal de Cuentas que se exija ese pago de su patrimonio personal al conseller firmante, José Ciscar, y al resto de los que figuran en el recurso, ya que "los valencianos no tienen que pagar las fechorías ni la actuación injusta" de los miembros del PP en el Ejecutivo.
Y ello, porque durante años el Consell no ha cejado en su estrategia de ocultación y de oposición ante los tribunales, recurriendo incluso a instancias superiores, con lo que ello conlleva de gasto en tasas judiciales para el contribuyente. Oltra insistió en el Consell popular recurrió "por interés partidista" incluso a sabiendas de que no había posibilidad de ganar, pues ya había una sentencia previa en el Supremo, "empeñándose en recurrir algo ya declarado como ilegal".
Oltra ha explicado que el Consell ha pagado con dinero público 2,3 millones de euros en encuestas desde 2004, a las que solo ha tenido acceso el PP y que "las ha utilizado para preparar su estrategia de campaña", lo que en su opinión "no es legítimo" y duda de que sea "legal". En este sentido, la diputada ha anunciado que, si los servicios jurídicos hallan indicios de delito, denunciarían al Consell saliente ante los tribunales por un delito de prevaricación.
Por último, Oltra explicó que hay unas 14 sentencias de Compromís más otras 27 de Esquerra Unida pendientes de recurso, ya ganadas en el Tribunal Superior valenciano, por lo que espera poder paralizar los recursos presentados ante el Supremo cuando el nuevo Consell tome posesión, "para evitar costas y tasas judiciales a los valencianos".
