VALENCIA. El Consell está estudiando de manera firme -porque lo necesita para ingresar más ante su imposibilidad de cuadrar las ceuntas- la implantanción de polemico impuesto a las entidades financieras. Tal y como adelantó ValenciaPlaza.com el pasado sábado, el conseller Juan Carlos Moragues está buscando el resquicio legal para sortear la paralización de hecho que supuso la puesta en marcha por parte del gobierno central de este impuesto pero con base cero, es decir, que no se cobra.
Aquella maniobra la hizo Cristobal Montoro para paralizar los impuestos de ese estilo que ya se habían puesto en marcha en Cataluña y Asturias, dos autonomías gobernadas por CiU y PSOE. La decisión de la Generalitat, del PP, de poner en marcha este impuesto -ya se ha reunido con los principales bancos que operan en la Comunitat Valenciana- choca ya no solo con lo que predica el PP en Madrid, sino también con lo que pensaba el propio PP valenciano y el Consell hace solo un año.
Según consta en el diario oficial de Les Corts, el vicepresidente José Císcar rechazó apoyar una proposición de ley presentada por el grupo Compromís para implantar un impuesto a los bancos del que estarían exentos las cajas de ahorros, las secciones de crédito y las cooperativas y la banca ética, al tiempo que prohibía explícitamente que ese impuesto se repercutiera en los clientes.
Císcar argumentó la negativa a tramitar esa propuesta en los presupuestos de esta año por varios motivos, pero el principal porque (y es textual) "repercutirían muy probablemente en un encarecimiento del crédito a familias y empresas, y de los precios a clientes de los servicios bancarios, aún en el escenario de prohibición de repercusión formal del impuesto"
Císcar alegaba además que este encarecimiento supondría un handicap más a la ya complicada reapertura del grifo de los créditos. Así rechazó la idea.
Se desconoce de momento cuál de todos esos peligros que en su día arguyó el Consell han desaparecido en este momento para que ahora sí sea posible plantear la polémica tasa.
