VALENCIA. Preocupa seriamente en determinadas áreas de la Generalitat el retraso de la consultora Deloitte en la presentación de los planes de reestructuración del sector público autonómico. Este plan debe representar un importante ahorro presupuestario para los próximos años al contemplar la fusión de empresas públicas, la eliminación de algunas entidades y la supresión de miles de puestos de trabajo.
El plan de reforma, adjudicado en fenrero pasado a Deloitte y que ésta realiza desde Madrid bajo la coordinación del socio de la firma Gustavo García Capó, especializado en Administración Pública, debería haber sido presentado en sus grandes líneas durante el pasado mes de mayo, con un plazo de ejecución que se extiende hasta diciembre.
Según fuentes del sector de la consultoría, los motivos de la tardanza sería, además de la propia complejidad técnica y jurídica del plan, el relevo de los tres consultores que preparaban el plan desde sus inicios y su sustitución por otros con menos experiencia (las mismas fuentes señalan que un plan de semejante complejidad necesita al menos de seis consultores). El estudio se está realizando desde la sede central de la consultora en Madrid y, según las citadas fuentes, apenas existe comunicación con la delegación en Valencia. Este diario ha intentado confirmar o desmentir estos extremos con el gabinete de comunicación de la consultora recibiendo como única respuesta el habitual "sin comentarios".
El conseller de Economía e Industria, Máximo Buch, presentó públicamente tras la última reunión del consell del pasado mes de mayo un adelanto del Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración. Buch señaló entonces que las empresas y entidades públicas se reducirían hasta quedarse en 18, más cinco en las que la Generalitat tendrá participación minoritaria. De esta cifra total, 35 se integrarán en la Generalitat o en otras entidades del nuevo sector público empresarial.
El nuevo mapa del sector público empresarial y fundacional estará compuesto por seis áreas de funcionales de planificación y ejecución de las políticas públicas como son: Cultura, Arte y Ocio; Movilidad y Transporte; Medioambiente y Gestión de Residuos; Sanidad y Bienestar Social; Innovación, Competitividad e Investigación; y Promoción, Construcción y Gestión de Infraestructuras.
En cuanto a la disminución de las plantillas, Buch estimó que entre el 40% y 50% de trabajadores perderá su empleo. El conseller estimó que en los entes implicados en esta reestructuración trabajan 7.555 personas, con lo que se producirían entre 3.000 y 3.700 despidos. En este plan no se incluye el ERE previsto para RTVV y que se calcula afectará a unos 1.200 trabajadores.
No obstante este adelanto ‘verbal' por parte del conseller, el plan de ajuste aun no ha sido concretado en documento alguno que pueda ser evaluado para su integración en los Presupuestos del ejercicio próximo, ahora en elaboración.
Deloitte ya hizo en 2010 una reestructuración de características similares para el gobierno autonómico de Navarra, el denominado Plan de Ordenación y Reestructuración de las Sociedades Públicas de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN). Durante cinco meses, el equipo de la consultora recopiló información sobre la situación de cada empresa, mantuvo entrevistas con sus responsables y técnicos, elaboró estudios específicos de cada sociedad realizando propuestas de actuación concretas a modo de conclusiones. Fruto de este trabajo, el Gobierno de Navarra redujo hace un año el número de sus empresas públicas de 38 a 13, ahorrando 28 millones anuales.
