VALENCIA (EFE). El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, instructor en exclusiva del caso Emarsa, ha denegado la solicitud de devolución del pasaporte a una imputada que lo pidió para asistir al entierro de su padre en Sudáfrica, al considerar que existe riesgo de fuga. 

En el auto facilitado hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el juez resuelve así sobre la petición de Eva María Marsal Gil, ex pareja sentimental de uno de los principales imputados del caso, Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa, y exadministradora de una empresa de azafatas que fue proveedora de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo.

El escrito califica la petición de "totalmente comprensible" desde el punto de vista humano, pero a la vez "jurídicamente inasumible" por la gravedad de los delitos que se le imputan y por sus circunstancias personales.

En la resolución, se señala como grave el delito continuado de malversación de caudales públicos por el que está imputada junto al de falsedad en documento mercantil y, en una pieza separada, por alzamiento de bienes.

A ello se añade que las circunstancias personales de la imputada se han ido modificando "y no en el sentido de acentuar su arraigo" ya que carece de trabajo y de medios económicos, trata de vender el único bien inmueble que figura a su nombre y se ha mudado a otra ciudad.

De ahí que el riesgo de fuga no quede mitigado por el posible arraigo familiar y económico del imputado cuando se trata de delitos cuyo castigo tiene previstas penas graves.

Recuerda que en marzo de 2013 se impuso a Eva María Marsal Gil la retención de su pasaporte porque existían razones para temer su huida, y asegura que es imposible garantizar que regresara a España una vez saliera del país.

La procesada remitió un escrito al Juzgado el pasado 19 de junio exponiendo que su padre, con residencia en Sudáfrica, había sufrido un derrame cerebral por lo que solicitaba autorización judicial para viajar y la devolución del pasaporte.

Al día siguiente envió otro escrito en el que reiteraba la petición del pasaporte para poder acudir al entierro del padre, que había fallecido.

A su solicitud se opusieron el fiscal, la EMSHI y el diputado provincial del PSPV Ramón Marí como acusación popular.

Por otra parte, el juez ha rechazado los recursos de reforma interpuestos por dieciséis de los imputados contra el auto de procesamiento.