El regulador inicia una investigación para depurar responsabilidades en la entidad financiera valenciana por estar 20 meses sin cumplir con los ratios de solvencia exigidos
VALENCIA (J. CLEMENTE). El Banco de España ha abierto un expediente sancionador a la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) por haber incumplido durante 20 meses los ratios de cobertura a los avales que tenía comprometidos. La SGR, que regularizó la situación tras llegar a un acuerdo con un grupo de bancos en julio de 2013, estuvo al borde de la quiebra entre 2011 y 2013 y tuvo que ser rescatada por la Generalitat Valenciana.
El expediente, que llega con más de un año de retraso respecto a la salida de la crisis, se abre de oficio, ya que el Banco de España es el supervisor es el encargado de controlar que la SGR, como entidad financiera, cumpla con los requisitos legales de solvencia. La entidad estuvo por debajo del 80% mínimo de capital fundamentalmente en el ejercicio de 2012.
El Banco de España no ha hecho distinciones y, además de a la propia entidad, ha incluido a los miembros de los consejos de administración de la SGR durante el periodo investigado. Esto supone que el expediente afecta tanto a los que generaron la crisis de la entidad como a los que tomaron el control para reflotarla. Dependiento de como se resuelva el expediente, que ahora está en fase inicial de instrucción, la propia SGR y los consejeros pueden ser sancionados con una multa económica y con la inhabilitación, lo que podría suponer incluso la imposibilidad de participar en los consejos de sus propias empresas.
UNOS DE 50 EXPEDIENTADOS
El expediente afecta a los miembros del consejo en la etapa de José Roca como presidente y José Manuel García Puchol como director. A finales de 2011, la dirección de la SGR estaba compuesta por el propio Roca, los empresarios Ramón Renau y Salvador Navarro, Modesto Galindo, Andrés Martínez Espinosa, José Luis Boix, Carlos Cabrera y José Hernández Guirado en representación de sus propias sociedades, Jorge Vela, Daniel Moragues y Enrique Montes en representación de la Generalitat, Vicente Lafuente, Andrés Sevilla y Martirian Martín, por las cámaras de comercio, Juan Vicente Gómez (Bankia), Bernabé Sánchez-Minguet (Cajamar), Emilio Doménech (Bankia), Enrique Soto, CEV, Javier López Mora (Coepa), Rafael Montero (CEC), y Miguel Millana (Federación Valenciana de Empresas de Economía Social).
Estos nombres son los que firmaron las cuentas de 2011, si bien el consejo estaba compuesto por 37 personas, organismos o empresas. Este consejo fue sustituido en abril de 2012 ya con la SGR en plena crisis y al borde de la quiebra.
La composición se redujo a 18 miembros. Presididos por la empresaria Dolores Font Cortés, el consejo tuvo relevos. Por la Generalitat entraron los financieros Santiago Santos (consejero delegado), Adolfo Porcar y Joaquín Maldonado (que abandonaron el puesto poco después), además de Fernando Díaz, director general del Instituto Valenciano de Estadística de la Conselleria de Economía. Vela y Montes siguieron.
Los empresarios Joaquín Farnós y Salvador Lluch Balaguer, en representación de la Cámara de Comercio de Castellón, Manuel García Portillo, Juan Eloy Durá e Isabel Cosme, por disstintas organizaciones empresariales de Valencia y Antonio Alonso, Cristóbal Navarro y Jesús Navarro Navarro se incorporaron por Castellón.
Este nuevo consejo es el que encarriló la recuperación de la SGR. Renegoció con las entidades financieras la deuda, con el aval de la Generaliat y con la supervisión del Ministerio de Hacienda y el propio Banco de España.
PLAN DE VIABILIDAD
Las fuentes consultadas por este periódico vinculadas tanto a la SGR como a la Generalitat mantuvieron este lunes cierta prudencia ante la apertura del expediente por parte del Banco de España. "Lo hacen de oficio y sería irregular que no lo hiciera, puesto que es cierto que durante 20 meses la sociedad no cumplía con los ratios de solvencia", aseguró una de las fuentes. "En lo que confiamos es en que el supervisor sepa distinguir entre los que provocaron la situación y los que la resolvieron", aseguró otra.
La SGR de la Comunitat Valenciana cuenta con un plan de negocio viable gracias a la operación de refinanciación que se materializó en el acuerdo marco de reestructuración con un pool de más de 30 entidades bancarias con el aval de la Generalitat. Esta operación, considerada como ayuda de estado compatible por la Comisión Europea (que tardó meses en dar su visto bueno cuando ya estaba todo pactado con los bancos) ha permitido a la entidad avalista recuperar su actividad tras meses de inactividad.
La SGR está participada por la Generalitat, al 40%, entidades financieras y empresas que entran en el capital al aportar fondos para financiar la actividad, consistente en dar avales a empresas para que puedan pedir préstamos a los bancos. La crisis económica y una concentración del riesgo en el ladrillo llevó a la SGR a tener que afrontar una alta morosidad y a hacer dotaciones hasta el punto que se quedó con unas necesidades de capital superiores a los 100 millones de euros.
