VALENCIA. El estancamiento de la reforma sanitaria anunciada por la Generalitat meses atrás se ha convertido, pese a que mediáticamente no ocupe las primeras páginas, en una de las principales preocupaciones del Gobierno valenciano. El Consell, de no sacarla adelante, se vería ante la imposibilidad real de cumplir el objetivo de déficit que, en estos momentos, ya se considera complicado desde la Generalitat.

En el Plan de Reequilibrio enviado al Ministerio de Hacienda en abril, se incluyeron medidas de ahorro e ingresos resultantes del cambio de modelo sanitario, que estaba dirigido a una profundización en la privatización de servicios. Entre las mismas, y que pese a la reforma todavía era desconocida, se incluyó el pago de un canon por uso de las instalaciones de la Generalitat que deberían pagar las empresas interesadas en entrar en el modelo.

Una cantidad fijada en 180 millones de euros que, según el Plan de Reequilibrio, se doblaría el primer año, con lo que el Gobierno valenciano recaudaría 360 millones por este concepto antes de que terminara el 2012, dado que el cambio de modelo debe hacerse efectivo en enero del próximo ejercicio. Una tasa de uso de las infraestructuras que también se cobraría los dos años siguientes, aunque en menor medida, hasta sumar, en los tres ejercicios, 780 millones de euros.

Cabe recordar que el plan enviado al Ministerio de Hacienda se enmarca dentro de la recepción de los fondos para el pago a los proveedores y con la condición siempre obligada del cumplimiento del déficit del 1,5% anual establecido para el 2012. Así, pues, el estancamiento del proceso legal y la nula disposición que, de momento, han mostrado las empresas a entrar en el modelo abonando una cantidad de ese calibre, dejan en una situación delicada la posibilidad de ingresar esos 360 millones y, por lo tanto, el cumplimiento del déficit.

De hecho, la Generalitat ya acumula un desfase presupuestario del 1,09% en el primer semestre, lo que le aleja del cumplimiento marcado por Cristobal Montoro. De no cerrarse el acuerdo con las operadoras sanitarias para el pago del canon, el objetivo del 1,5% al final del año sería una quimera.

El conseller de Sanidad, Luis Rosado, anunció a mediados de junio la inminente presentación del documento descriptivo del cambio de modelo. Sin embargo, el texto elaborado no ha pasado el corte de los servicios jurídicos de la Generalitat y de la Intervención General. Los obstáculos legales hallados para el avance del proyecto son graves, al igual que lo son las reticencias de las empresas para entrar en un modelo que les exige un fortísimo pago por delante sin, a su juicio, unas garantías claras de rentabilidad.

Mes y medio después del anuncio de Rosado, el documento sigue congelado en los servicios jurídico de la Generalitat, que buscan soluciones para sacar adelante el proyecto. De momento, una de las salidas que se barajan, como ya informó este diario, es reducir los plazos del proceso convocando un concurso ‘tradicional' y no el propuesto inicialmente de colaboración público-privada que incluiría el ‘famoso' diálogo competitivo. Cabe recordar que sólo el proceso para que las empresas se inscriban para optar al citado diálogo debe ser no inferior a 37 días.

La opción de variar el proceso de concurso, podría ahorrar varias semanas en el proceso, aunque implicaría 'saltarse a la torera' los pasos anunciados hasta ahora y acudir a un diálogo ‘informal' con las empresas que la Generalitat eligiera.

TRES FACTORES QUE NO CONVENCEN A LAS EMPRESAS

Las incógnitas del proyecto de Rosado. Las empresas quieren, en su mayoría, que un mayor acercamiento al modelo ‘Alzira', con el control de la gestión del personal incluido.

Delicada situación financiera. La coyuntura no apunta a que exista unas amplias posibilidades de financiación para abonar el canon por parte de las empresas.

Desconfianza en la Generalitat. El Gobierno valenciano no se ha caracterizado en los últimos años por su celeridad pagando facturas, algo que las empresas que ofrecerán los servicios temen que pueda ocurrir con este modelo, con una concesión proyectada a entre 15 y 20 años.