VALENCIA. Mientras la Administración valenciana se concentra en el recorte de más de 1.000 millones de euros especialmente en gastos destiandos a la función pública, Sanidad y Hacienda, las medidas que afectan más directamente a los altos cargos de la Generalitat se mantienen sin aplicar o tardarán doce meses en afectar a sus remuneraciones.
En la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, que contó con la presencia del vicepresidente del Consell, José Ciscar, y de los consellers de Hacienda, José Manuel Vela, y de Industria, Enrique Verdeguer, se anunció que la evolución del déficit público valenciano sería lo que determinaría la evolución de las retribuciones de la cúpula de las consellerias y no el IPC, como era hasta ahora.
Sin embargo, esta medida, aprobada el 5 de enero, no se aplicará hasta que se conozca el déficit de 2012. De este modo, se aplaza en al menos un año los efectos de la decisión, cuando se haya contabilizado y se publique la situación que en que quedan las cuentas públicas del presente ejercicio.
Aunque será a finales del próximo mes de febrero cuando el ministerio de Economía haga pública la situación de la Comunitat Valenciana en todo 2011, no será este dato el que se tenga en cuenta.
LAS REBAJAS DE 2010
En todo caso, las retribuciones de los altos cargos, incluidos el presidente de la Generalitat y sus consellers ya se han reducido una vez desde el inicio de la crisis. Fue en junio de 2010, cuando Pleno del Consell decidió una rebaja del sueldo de entre un 15 y un 8%.
La retribución que sufrió una mayor merma fue la del presidente, que paso de cobrar 79.546 euros anuales a 67.615. Esto ha generado una paradoja en el caso de Alberto Fabra, ya que como alcalde Castellón recibía una retribución de 73.688 euros, más de 6.000 euros de bajada.
Por otra parte, el resto del equipo se ve afectado por lo establecido en esas fechas por el Gobierno de España, con lo que experimentó una baja del salario base y la antigüedad del 5%, a la que se suma una reducción en los complementos, concretamente de otro 5% en el caso de los de destino y del 3,5% en los específicos.
Estos recortes no modifican las contribuciones a los planes de pensiones de los empleados de la Generalitat ni afectaron a las bases de cotización de los adscritos a la Seguridad Social, lo que supone que no afectará a la futura pensión que percibirán cuando se jubilen. Tampoco tuvo incidencia en los empleados de cualquier nivel de las empresas públicas.
APARCADO EL RECORTE DEL PARQUE MÓVIL
Por otra parte, el prometido recorte del parque móvil, que se aprobó en el primer Pleno del Consell de enero no ha tenido todavía efectos en las consellerías. El decreto ley establecía una reducción del 50% del número de vehículos que actualmente están al servicio de los altos cargos.
En concreto, la Generalitat pretende retirar del servicio y sacar los vehículos a subasta pública en propiedad y se dará de baja el contrato de renting de los que estén en servicio por esta modalidad. El motivo alegado desde la Generalitat para que se haya podido aplicar la medida es la falta de tiempo para trasladar el acuerdo del Consell a cada una de las consellerias.
Actualmente, las consellerias dispones actualmente de 782 vehículos de los cuales 10 está servicio de los conseller y otros 60 son utilizados por los distintos altos cargo de cada conselleria. Hasta el momento, la desaparición de tres consellerías desde la anterior remodelación completa del Consell no ha tenido una repercusión significativa en el número vehículos, ya que han sido reasignados.
Distinto es el caso de los gastos de representación y dietas, especialmente el precio de 20 euros establecido como máximo para los consellers y altos cargo.
