VALENCIA. Derogar leyes prescindibles y refundir normas que en un solo texto. Ese es el objetivo de las cinco comisiones que se han puesto en marcha en otras tantas consellerias de la Generalitat Valenciana para simplificar el complejo cuerpo legislativo valenciano que en la actualidad está compuesto por 135 leyes y sus correspondientes desarrollos normativos.
El Consell ha puesto en marcha un proceso de reducción drástica de las distintas leyes que se han ido aprobando con el paso de las legislaturas y que en algunos campos de actuación, como en el urbanístico, suponen una maraña de normas que se desperdigan por las distintas legislaciones y que complican los trámites y al tiempo que dificultan el control de su cumplimiento.
La reforma del cuerpo legislativo está coordinada por el vicepresidente del Consell, José Císcar, y ya cuenta con una prueba piloto. Según fuentes de la Generalitat, la Consellería de Bienestar Social ha sido la primera en poner en marcha una comisión interna de revisión de toda su legislación vigente. Las 19 leyes que están en vigor y que dependen del departamento de Asunción Sánchez Zaplana podrían quedar reducidas a un máximo de siete.
La línea de la refundición de las distintas normas, en el caso de Bienestar Social, pivotaría sobre una nueva Ley de Derechos Sociales y Acción Social que concentraría buena parte de las reglas recogidas en distintas normas ahora en vigor y que se dictaron a medida que incorporándose protecciones para distintos colectivos.
Esta idea es la que se espera replicar en cada una de las consellerías. De momento ya se han puesto en marcha las de Presidencia, Agricultura, Pesca y Alimentación, Hacienda y Administración Pública, Economía, Industria, Turismo y Empleo e Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. En todos los casos se repasará la vigencia de las normas bajo su competencia y la posibilidad de fusionar o derogar algunas de ellas para alcanzar el objetivo de reducir el cuerpo legal
El proceso de reforma de las distintas leyes siguiendo las conclusiones de estas comisiones deberá primero pasar por la Abogacía de la Generalitat y posteriormente el dictamen del Consell Jurídic Consultiu. El Consell espera que a partir de septiembre se puedan dar los primeros pasos en este proceso de simplificación de las normas autonómicas.
La Generalitat, en ejercicio de sus competencias, tiene capacidad legislativa a través de Les Corts en aspectos tan diversos como administración electrónica, administración local, adopción y menores, asistencia social y cooperación al desarrollo, calidad ambiental y residuos, educación, elecciones autonómicas, juego, justicia, tributos y tasas, urbanismo o sanidad.
