VALENCIA. El Consell acordará este viernes en el pleno del Gobierno valenciano la modificación de la orden por la que se regula la concesión de ayudas europeas -incentivos autonómicos- sobre la inversión en la Comunitat Valenciana. Un programa que, según fuentes de la Generalitat, tendrá una dotación de ocho millones de euros para el próximo período 2013-2015.

Este programa pretende favorece la actividad económica de la Comunitat, tratando de potenciar los factores más relevantes para la mejora de la productividad y la competitividad, así como la diversificación de la estructura productiva, incrementando el peso de los sectores generadores de mayor valor añadido.

En el periodo 2007-2013, se han aprobado en la Comunitat un total de 15 proyectos que han recibido financiación a través de este programa de incentivos autonómicos. En total, estas 15 iniciativas han generado una inversión de 243,7 millones de euros, habiendo recibido 14,6 millones de subvención.

Atendiendo a las condiciones para acogerse al programa en los últimos años, el tipo de ayuda concedida consistirá en una subvención sobre la inversión aprobada o sobre los costes salariales previstos que se deriven de la creación de puestos de trabajo directos a través de un proyecto de inversión inicial.

A la espera de analizar cómo queda la orden definitiva modificada por el Consell, las actuaciones promocionales a las que van destinadas estas ayudas apuntan a industrias transformadoras, especialmente las que apliquen tecnología avanzada y presten especial atención a mejoras medioambientales. También los servicios de apoyo industrial y los que mejoren significativamente las estructuras comerciales. Asimismo, también son susceptibles de optar a las ayudas las instalaciones de nuevos centros de investigación y desarrollo y los establecimientos de alojamiento turístico e instalaciones complementarias de ocio.

En este sentido, entre las modalidades de proyectos elegibles se encuentra la creación de nuevos establecimientos, siempre que generen nuevos puestos de trabajo; los proyectos de ampliación que incrementen la capacidad e producción; o los proyectos de modernización.

Según la normativa todavía vigente, la inversión mínima proyectada debe ser superior a seis millones de euros y entre los requisitos, se fija que debía existir autofinanciación, al menos, en un 25% de la inversión aprobada.