VALENCIA. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, dio este martes un baño de realidad al Gobierno valenciano. La percepción de que en la Comunitat se vive en un universo paralelo al de la realidad nacional se hizo patente durante la jornada organizada por el Colegio de Economistas sobre financiación autonómica.
Así, Beteta dejó claro durante su participación que el modelo de financiación no estará reformado hasta mediados de 2015. Una afirmación que pone en peligro la supervivencia de la Generalitat y desmonta la estrategia del PPCV. Y lo hizo en presencia del conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, mientras el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se encontraba en Bruselas hablándole al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, de la importancia del déficit asimétrico.
En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), se acordó la apertura de dos grupos de trabajo para trabajar en la flexibilización del déficit y en el estudio de la reforma del sistema de financiación. El primero de ellos, que ya se ha reunido, tiene prioridad y está previsto que arroje conclusiones el próximo mes de junio, si bien se ha conocido que el déficit para las comunidades autónomas estará situado en 1,2% (la Comunitat Valenciana cerró con 3,46%).
Sin embargo, para el segundo no se han designado representantes a la espera de que se aclare la cuestión del déficit: o lo que es lo mismo, no hay ninguna prisa por parte del Gobierno por abordar este debate. Por si quedaba alguna duda, Beteta despejó este lunes las incógnitas precisamente en la Comunitat Valenciana, una de las regiones que más necesita y demanda la reforma del sistema.
Así pues, no parece que el ejercicio reivindicativo -tímido en términos generales- del Gobierno valenciano haya movido siquiera un renglón de la hoja de ruta del Ministerio de Hacienda, pilotado por el férreo Cristóbal Montoro, quien ha dejado entrever en más de una ocasión su escasa sensibilidad hacia la Comunitat Valenciana.
Atrás quedan meses de funambulismo discursivo de Consell y PPCV, que inicialmente trataron de maquillar con quiebros y requiebros las exigencias antes meridianamente claras cuando José Luis Rodríguez Zapatero estaba al frente del Gobierno. En una segunda fase, la elevación reivindicativa tampoco parece que vaya a surtir efecto: el compromiso arrancado en el último CPFF sobre la creación de un grupo para estudiar la reforma de la financiación, ha quedado en fuegos de artificio que ayer Beteta se encargó de prender y enseñar a la opinión pública valenciana.
"NO HAY MÁS TARTA. NO HABRÁ UN SOLO EURO NUEVO"
Beteta reconoció durante la jornada que el modelo actual es "un mal sistema" para todas las comunidades, si bien desveló que no habría más aportación del Estado al mismo en la remodelación. "No hay más tarta y no habrá un solo euro nuevo en el futuro sistema", sentenció. O lo que es lo mismo, habrá que quitarle a unas comunidades autónomas para darles a otras.
Además, el secretario de Estado justificó el retraso de la reforma en que, a día de hoy, sería "aventurado" evaluar rigurosamente el sistema vigente, algo que sí podría realizarse a su juicio "a mediados de 2015" cuando se liquide el ejercicio de 2013. El único resquicio de esperanza que dejó Beteta y al que ya se aferraba -y seguirá aferrándose- el Gobierno valenciano es que una vez aprobada la entrada en vigor el nuevo modelo, "puede tener efectos retroactivos". Puede, o no.
DÍFICIL ENCAJE PARA CONSELL Y PPCV
Más allá del varapalo que significa asumir que las reivindicaciones del Gobierno valenciano tardarán dos años en hacerse realidad, el problema para el Consell de Fabra es mucho mayor: la necesidad de la reforma del sistema para la supervivencia de la Generalitat.
Como ha denunciado el Consell en numerosas ocasiones, la financiación recibida no alcanza ni tan siquiera para cubrir las necesidades de Sanidad y Educación. Siendo así, y poniéndose en el mejor de los casos de que finalmente el modelo salga adelante con un reparto mejor para la Comunitat Valenciana y que incluso pueda haber una aplicación retroactiva, el Consell deberá esperar dos años para ver los resultados. Demasiado tiempo para una autonomía primera en el ranking del déficit y con una situación económica límite.
Al margen las dificultades para gobernar que implica la dilación de esta reforma, el PPCV de Alberto Fabra también corre el peligro de sufrir consecuencias negativas de carácter político. A día de hoy, uno de los pocos argumentos positivos que los ‘populares' valencianos tenían esperanzas de esgrimir de cara a las urnas era un hipotético logro en la remodelación de un sistema injusto con la Comunitat Valenciana desde hace más de una década.
De lograrlo en 2014, además del beneficio que supondría para las arcas de la administración y, por tanto, para la acción de gobierno, implicaría un potente argumento estratégico de cara a las elecciones que el propio PSPV temía. Sin embargo, el retraso prácticamente asegurado hasta 2015 deja al Consell y al PPCV no solo sin dinero, sino también sin ‘as en la manga'.
