DANIA (ALICANTE) (EFE). El juez que investiga supuestas ilegalidades en la recogida de basuras de Calpe, una de las piezas separadas del caso Brugal, ve indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, y atribuye estos posibles delitos a doce personas, entre ellas un exalcalde del PP.

El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Denia, ha dado por concluidas las diligencias previas en torno a la conocida como "trama Calpe" del caso Brugal y abre procedimiento abreviado, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En su auto, el juez aprecia que los hechos atribuidos a doce personas, entre ellas el edil de Alternativa Popular (APC) y exalcalde del PP, Francisco Javier Morató, y tres exconcejales del PP (Fernando Penella, José Perles y Juan Roselló), podrían ser constitutivos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El juez dará traslado al fiscal y a las acusaciones particulares para que digan si procede la apertura de juicio oral -en cuyo caso deberán presentar sus escritos de acusación-, el sobreseimiento o la práctica de diligencias complementarias.

En su auto, el magistrado relata que en febrero de 1998 el Ayuntamiento de Calpe -gobernado entonces por Morató- adjudicó el contrato del tratamiento de basuras a la empresa Colsur S.L, cuyo titular entonces era Ángel Fenoll, el mismo empresario que aparece involucrado en un supuesto cohecho en la adjudicación de este mismo servicio en Orihuela, pieza que desencadenó el caso Brugal.

El juez sostiene que el empresario Francisco Artacho, cuñado del exedil y exdiputado provincial del PP Juan Rosello -ambos figuran en el auto-, se reunió en varias ocasiones con Fenoll durante los meses previos a la concesión del servicio de residuos urbanos.

En varias de estas conversaciones, según refleja el auto, Fenoll y Artacho hablaron de "millones de pesetas necesarias" para agilizar en el ayuntamiento los trámites para la concesión de la licencia para la construcción de la planta de tratamiento de residuos.

Según el titular del juzgado, políticos y técnicos se repartieron 84.000 euros, un dinero que "desembolsó" Fenoll para asegurarse que, una vez concedida la contrata, obtendría beneficio mediante la falsificación de certificaciones de basura tratada.

Tras la puesta en marcha de la planta, y con la "necesaria colaboración de técnicos que hicieron una dejación absoluta de sus funciones de control", se certificaron cantidades de basura muy superiores a las que se trataban. De hecho, el juez añade que la báscula de pesaje no funcionaba y, por tanto, no emitía documentos acreditativos.

Además de los citados 84.000 euros, el juez entiende que Fenoll aportaba 12.000 euros al mes a la trama para seguir certificando más residuos de los efectivamente tratados. Según refleja el auto, Fenoll pudo repartir 516.000 euros entre los implicados, además de abonar 90.000 euros al Club de Fútbol Calpe, cuyo presidente era el entonces edil del PP José Perles.

Como preámbulo a "esta urdida maquinación", como así lo tilda el juez, la elección del lugar para instalar la planta tampoco fue casual, ya que la titularidad de los terrenos elegidos guardaba una relación indirecta con el empresario Francisco Antonio Perles, vinculado a la empresa Acciona, adjudicataria del servicio de recogida urbana de residuos.