C.Valenciana

por el Centro de Convenciones de Calatrava

El juez pide averiguar el paradero de Morató al no localizarla para declarar como imputada

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CASTELLÓN (EP). El juez que instruye la causa por supuestas irregularidades en relación con el proyecto del Centro de Convenciones proyectado por Santiago Calatrava en Castellón ha pedido a la Policía y Guardia Civil que averigüen el domicilio y paradero de la exdirectora de Grandes Proyectos de la Generalitat Cristina Morató, al no haber sido localizada para declarar.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juez ha suspendido de nuevo la declaración prevista para este jueves en calidad de imputada de Cristina Morató al no haber sido localizada.

Así, las citaciones a la ex alto cargo han dado negativas, por lo que el juez ha oficiado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que averigüen su domicilio y paradero.

Morató debía declarar en un principio el pasado 24 de octubre en el juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, aunque la comparecencia quedó suspendida y se señaló de nuevo para este jueves, una cita que ha vuelto a quedar aplazada.

La exdirectora de Grandes Proyectos tendrá que declarar en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de la capital de La Plana. Por esa infraestructura, que no se llegó a realizar por la crisis económica, el arquitecto valenciano Santiago Calatrava recibió 2,7 millones de euros en concepto de redacción del plan director, anteproyecto y proyecto básico del centro.

ABONO A CALATRAVA

En este caso, el ex director general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), Nicolás Figueres, declaró que el Consell pagó a Calatrava por el Centro de Convenciones ante la amenaza del ingeniero de adoptar acciones judiciales en el caso de que no se abonara el pago.

Nicolás Figueres explicó que, como Calatrava envió un "requerimiento notarial" amenazando con tomar acciones judiciales, tanto él como la entonces directora general de Grandes Proyectos, Cristina Morató, decidieron hacer el pago "con la condición de que se ajustara al presupuesto".

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