VALENCIA (EFE). El magistrado que investiga la supuesta agresión de la diputada autonómica del PP Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, a una mujer de nacionalidad inglesa ha rechazado sobreseer la causa y ha pedido la práctica de nuevas diligencias.
Así consta en un auto del pasado 22 de julio, al que ha tenido acceso EFE, en el que la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechaza la petición de sobreseimiento formulada por la aforada, diputada por Alicante desde la pasada legislatura.
Asegura el instructor que, sin perjuicio de las dudas que pone de manifiesto la representación de la querellada, el resultado de la prueba médico-forense refleja "la existencia real de la lesión denunciada, a la que le atribuye un origen traumático".
A eso se debe unir, añade, "la constancia de un evento violento -del que no se especifica la fecha ni el lugar- en el que se vieron involucradas la querellante y la querellada, y una subsiguiente e inmediata atención médica".
El magistrado considera que las dudas que pone de manifiesto la querellada ponen de manifiesto "la necesidad de ultimar la instrucción de la causa para averiguar, de forma especial, hasta qué punto pudiera existir una patología o un episodio violento previo, diferente del incidente objeto de querella, que pudiera justificar la lesión" que padece la demandante.
Por ello, considera que no ha lugar al sobreseimiento de las actuaciones, y además ordena acumular a la causa el juicio verbal de faltas a que dio lugar la denuncia formulada por Elisa Díaz contra la otra mujer.
Plantea también la práctica de nuevas diligencias, como recabar los antecedentes penales de Díaz; adjuntar copia del atestado redactado por la Guardia Civil y del informe médico, y recabar el historial médico completo de la denunciante tanto a un centro de salud público como privado.
También pide a esta última que justifique documentalmente los gastos y demás perjuicios económicos que dice ha sufrido a consecuencia de los hechos objeto de la querella, y ordena la declaración por videoconferencia de dos personas en septiembre.
