VALENCIA. El PSPV-PSOE no perdona ni hace prisioneros. Los socialistas valencianos se han puesto manos a la obra para sacar tajada del bofetón propinado por Bruselas a la Generalitat Valenciana a cuenta de las facturas en el cajón acumuladas por los gobiernos del PP en los últimos años. La maniobra se ha iniciado con dos proposiciones en Les Corts Valencianas dirigidas a, por un lado, incompatibilizar el ocupar un puesto en la Intervención General de la Generalitat y luego en la Sindicatura de Comptes y, por otro, profundizar en la fiscalización de las facturas.

La primera de las iniciativas va enfocada directamente a Salvador Hernándiz, el funcionario que ocupó la Intervención General durante varios años, incluido el periodo en el que se centra la investigación de la Comisión Europea. Tras su cese bajo el mandato en la Conselleria de Hacienda de Juan Carlos Moragues, Hernándiz ha pasado a ocupar su plaza en la Sindicatura de Cuentas. Una situación que se antoja "inapropiada", según fuentes del grupo socialista, por lo que presentará una propuesta para modificar el "régimen de incompatibilidades" para corregir una situación de este tipo. "No entramos en que haga bien o no su trabajo, sino que consideramos que no es adecuado", subrayan desde el PSPV.

Por otro lado, el grupo socialista también tiene intención de presentar una propuesta de reforma de la Ley de Hacienda Pública Valenciana para incluir un procedimiento que profundice en la revisión de las llamadas facturas en el cajón. Es decir, establecer un mecanismo de supervisión para, si se han ocultado gastos, poder conocer con exactitud y transparencia la procedencia y naturaleza de los mismos cuando afloren, así como si han existido sobrecostes o los motivos por los que se ha producido la demora. Hasta ahora, según insisten las fuentes socialistas consultadas, las facturas 'levantadas' y pagadas vía mecanismos del gobierno no se han "fiscalizado ni comprobado de forma transparente". Con la propuesta, que formalizará el portavoz socialista de Economía en Les Corts, Julián López, se pretende que este tipo de práctica sea revisada en el parlamento valenciano.

En este sentido, uno de los argumentos del grupo socialista para la medida es que esta propuesta viene reflejada en el informe de la Sindicatura de Comptes de 2012 referente a la Cuenta de la Administración de la Generalitat. Concretamente en la página 89, viene reflejado lo siguiente: "Se considera conveniente que, los órganos competentes, adopten las medidas necesarias para la aprobación de una regulación normativa completa sobre la tramitación administrativa de las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, tanto las debidamente adquiridas como las que carezcan de dicho requisito, e iniciar las actuaciones necesarias para modificar el régimen actualmente previsto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana (TRLHPGV), para los créditos presupuestarios". Una afirmación que para los socialistas valencianos refuerza su tesis de la necesidad de establecer determinados cauces legales para hacerlo.