VALENCIA. Entre todo el ruido que ha rodeado el caso del ya exconseller de Hacienda José Manuel Vela y su supuesta filtración de un documento judicial secreto hay un silencio ensordecedor: el de Rafael Blasco. El exportavoz del Grupo Popular ha mantenido un inusual silencio desde que estallara el caso la semana pasada. Aunque entra dentro de la lógica que, ante la gravedad del asunto, el diputado, sobre el que pesa una imputación por el supuesto desvío de fondos de cooperación, haya optado por no dar ninguna explicación a la espera de futuros acontecimientos judiciales, la postura de Blasco choca con la vehemente defensa que ha hecho de su inocencia durante el largo tiempo ya que está bajo sospecha.
El día que el diario Levante desveló que el exportavoz tenía en su poder un documento elaborado por el interventor general de la Generalitat que había solicitado la juez para incorporarlo a la causa, Blasco apenas si atinó a justificar esta irregularidad asegurando que formaba parte del sumario, al que tiene acceso por ser imputado. Una excusa que la Fiscalía desmontó rápido. El exportavoz lo tuvo antes que la juez y su copia no salió de los juzgados.
Desde entonces, el silencio. Los focos encararon, con razón, al supuesto autor de la filtración: José Manuel Vela, que, junto al interventor, están imputados por un supuesto delito de revelación de secretos. El conseller de Hacienda, en una mala gestión de la crisis, se limitó a asegurar que el sobre que le pasó en pleno hemiciclo era el discurso que iba a pronunciar unos minutos después.
Pese a las fuertes evidencias -vídeos y fotos del momento de entrega del sobre y de la lectura de su supuesto contenido contenido por parte de Blasco- el Consell decidió creer su versión. "Si el conseller te dice que no le ha pasado el informe, no te queda más que creerle. De lo contrario, había que destituirlo", reflexionaron en presidencia.
El problema, para Presidencia y para el Partido Popular, es que si se da por buena la versión de Vela, la lógica indica que el siguiente paso que debería haber seguido es el de preguntar a su compañero de partido por qué tenía ese documento en su poder y quién se lo dio. Casi diez días después de que estallara el caso, la comisión de investigación interna, que dirige el vicepresidente José Císcar (aunque hubo un momento en que parecía que nadie quería hacers cargo), finalmente le ha pedido por escrito que responda a esas preguntas. Desconozco si le han enviado un burofax al que tan aficionado es Blasco.
¿Contestará el exportavoz las preguntas? Veremos, porque cualquier respuesta -excepto una del estilo de 'me lo encontré en el suelo'- puede perjudicarle a él y a otros. De momento, Blasco ha optado por aplicar una omertà en ese asunto.
Pero Císcar no debería conformarse con evasivas. Es más, si Blasco no da una respuesta clara a esas preguntas, las medidas que debería tomar tanto el Grupo Popular de Les Corts como el propio partido debería ser expeditivas.
Vela ha dimitido. No le quedaba otra tras la imputación. De lo que se le acusa es un delito grave y no podía pasar ni un día más en el cargo. Pero que el conseller de Hacienda salga del Consell mientras el exconseller de Blasco, siga como si con él no fuera la cosa es intolerable.
Y el presidente Alberto Fabra debería darse cuenta de una vez de que esa política de tolerancia cero con la corrupción 'pero con matices' es un peligro, porque le seguirán estallando escándalos. Como que condenen a tres años de cárcel a un compañero de bancada.
Daría un penique por saber por qué extraña razón el presidente pensó que podía convivir con varias bombas de relojería en su grupo parlamentario y en su partido sin que ninguna le explotase.
