VALENCIA. "Las cuentas del Partido Popular de la Comunitat Valenciana están auditadas", dijo este lunes Serafín Castellano, como defensa ante el nuevo informe de la Agencia Tributaria que certifica que la formación de la que es secretario general pagó en negro actos de campaña en los años 2007 y 2008 aprovechando donaciones supuestamente ilícitas al partido. 

El dirigente popular echó mano de una excusa muy socorrida cuando se habla de irregularidades en las cuentas, ya sea de un partido, de un banco o de una empresa. Si las cuentas han pasado el control de los auditores es que deben ser correctas, ¿no?

Pues no.

Lo cierto es que la experiencia de los últimos años ha demostrado que las auditorías tienen muchos puntos débiles, más si se trata de demostrar la solvencia o veracidad de las cuentas, como han demostrado las crisis de las cajas de ahorros, por poner solo un ejemplo.

Pero en el caso del PP -la excusa la ha usado repetidamente su homóloga nacional, María Dolores de Cospedal- tratar de justificar con la auditoría el uso de dinero negro, que es lo que el informe de la Agencia Tributaria desgrana ahora, resulta un tanto sorprendente. 

Porque las auditorías, más allá de que acierten en el diagnóstico, solo se basan en el negocio legal, por decirlo de alguna manera. Es decir, el dinero que pudiera entrar en la caja B, imagínativamente llamada Barcelona, y las facturas que se pagaron sin IVA, es decir, en negro, tienen como característica fundamental precisamente eso: que son en negro. No se le enseñan así como así a un auditor.

Solo hay una clase de auditoría que saca a la luz todos los detalles sobre el dinero que entra y sale de una empresa o organización: la forense (forensic para los avezados). Es la que se realiza cuando hay una investigación judicial en marcha.

La auditoría a la que se refiere Castellano, sin embargo, no es de ese tipo. Más lo parecen los informes que ha realizado la policía y la Agencia Tributaria ha realizado en la instrucción del caso Gürtel, objeto de la investigación a la que está sometido el PPCV por supuesta financiación irregular. Y en esos informes, pese a lo que diga el secretario general, aparecen los actos electorales pagados en negro.

Más que excusas de pagador en B, Castellano debería mostrar su indignación porque su partido pudiera haber participado de esa trama. Pero claro, ¿quién va a señalar a sus compañeros de bancada?