VALENCIA. La reunión entre el subsecretario de Presidencia, Rafael Sánchez Pellejero, y los representantes de la Junta de Personal celebrada este miércoles coincidió con el fin de los interrogatorios a los empleados públicos que se habían iniciado días atrás con el objetivo de hallar pistas sobre las filtraciones a los medios de comunicación.

De esta manera, el Gobierno valenciano suma problemas a cuenta del ‘topo': paraliza -tras hacerse público en la prensa- el inverosímil método empleado pero no subsana el fuerte malestar provocado entre los empleados públicos. En definitiva, desde el Consell parece haberse sembrado mayor descontento entre los funcionarios para unas pesquisas de dudosa efectividad.

El encuentro, en el que también estuvo presente la secretaria general administrativa de Presidencia, Vicenta Grau, se prolongó durante dos horas en un ambiente de tensión fruto de las informaciones publicadas en los últimos días. A la cita acudieron miembros de los sindicatos UGT, CCOO, CSI·F, Intersindical y CGT.

Según fuentes conocedoras de la reunión, Sánchez Pellejero informó a la Junta de Personal de que se había procedido a una docena de interrogatorios de forma "voluntaria", una cuestión más que discutible para los sindicatos.

El subsecretario subrayó en el encuentro que las personas llamadas a declarar habían podido negarse y rechazar ser grabadas en audio y en algunos casos en video. No obstante, según apuntó, todas ellas habían accedido a hablar y firmaron su declaración.

La Junta recalcó que el proceso ha provocado "un ambiente enrarecido entre determinado personal de la Conselleria, que entiende que ha sido tratado de sospechoso y puesta en entredicho su honorabilidad".

Por el contrario, Sánchez Pellejero afirmó que las medidas adoptadas se han debido a que varios empleados públicos han exigido que se protegiera su honorabilidad, por lo que se había establecido este mecanismo para "delimitar qué personas no tienen nada que ver con este asunto". Además, atribuyó el "mal ambiente" a "quien haya llevado esta información a la prensa".

Las fuerzas sindicales reclamaron a Pellejero que se les remitan las conclusiones de estas investigaciones y que, de confirmarse que los funcionarios han actuado correctamente, la Generalitat lo comunique públicamente.

En cuanto a la designación de la exdirectora general María Fernanda Sáiz como supervisora de estas declaraciones, fuentes sindicales apuntaron a que la versión oficial es que su elección se vio motivada por no encontrarse integrada en las dependencias bajo sospecha en el espacio temporal que señalan los documentos filtrados.

En este sentido, fuentes de la Generalitat han asegurado a este diario que, al margen del malestar de la Junta de Personal, la propia Grau o la secretaria autonómica de Presidencia y Abogada de la Generalitat, Cristina Macías, han mostrado internamente su desacuerdo con la aplicación de estos interrogatorios.