VALENCIA (EP/VP). La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha pedido una reforma que establezca la dación en pago como liberadora de la deuda hipotecaria. Asimismo, reclama la promulgación de una ley que regule el "sobreendeudamiento" de los particulares y pequeños empresarios y que establezca un sistema de pagos aplazados, en proporción a los ingresos efectivos de los deudores "de buena fe", así como una protección social "adecuada" hacia los ciudadanos afectados.

La asociación de jueces se ha expresado en estos términos en un comunicado tras los actos de protesta realizados por la recién constituida Plataforma de Personas Afectadas por las Hipotecas de Valencia para protestar por los desahucios y exigir la dación en pago.

JpD propone que se aprueba una norma legal que permita "extender" el artículo 11 de la Ley de Venta de Bienes Muebles a Plazos a los contratos para la adquisición de bienes inmuebles destinados a vivienda familiar y a los contratos cuyo objeto sea la financiación de dichas adquisiciones.

Jueces para la Democracia ha expresado su "preocupación" por la existencia de una legislación que provoca "una importante situación de indefensión de los ciudadanos en el ámbito hipotecario". En este sentido, ha asegurado que se han producido en los últimos años unas prácticas bancarias "de concesión desmedida y abusiva de créditos, que han tomado como base tasaciones de inmuebles avaladas habitualmente por los bancos, las cuales se han revelado a menudo como poco rigurosas".

"En una situación de crisis como la presente, de la que son especialmente responsables las entidades financieras, ello ha provocado la imposibilidad de pagar dichos préstamos y un elevado aumento de las ejecuciones hipotecarias y de los desalojos de numerosos ciudadanos, que han perdido sus viviendas y los ahorros invertidos en ellas", ha lamentado el colectivo.

Además, ha indicado que la "responsabilidad universal" establecida en la actual legislación provoca que estos ciudadanos "pierdan su hogar y además queden hipotecados de por vida, ante la deuda pendiente de amortización", lo que JpD considera "manifiestamente injusto".

Por otro lado, la asociación de jueves ha criticado que la actual legislación concede "importantes privilegios y ventajas procesales" a las entidades bancarias en el ámbito de la ejecución hipotecaria y, correlativamente, "limita el derecho de defensa de los ciudadanos". Asimismo, esta legislación "no contempla una protección específica del derecho fundamental a la vivienda".