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se queda el procedimiento sin aforados

La causa de Valmor recae en el Juzgado de Instrucción 2 de Valencia tras perder el TSJCV la competencia

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VALENCIA (EP). La causa de Valmor, relativa a presuntas irregularidades en la gestión y contratación de la Fórmula 1 en Valencia, ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia tras perder el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la competencia al quedarse el procedimiento sin personas aforadas.

Inicialmente, la investigación de la causa se inició en el TSJCV por figurar entre los investigados un diputado, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, pero el pasado mes de mayo se declaró no competente tras disolverse las Corts de cara a las elecciones y no figurar Camps entre los miembros de la Diputación Permanente del órgano legislativo.

Así, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV remitió al Decanato de los Juzgados de Valencia el procedimiento, y tras entrar en reparto, le ha correspondido seguir con la instrucción al Juzgado número 2 de Valencia, según ha informado el tribunal valenciano.

Junto a Camps, en este caso figuran como investigados la exconsellera, ex secretaria autonómica de comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Jonhson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar, a quienes se les atribuyen presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y societario.

La querella de Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centra en cuatro aspectos fundamentales: el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos; la orden que dio Camps para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011; la orden que dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".

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