MADRID/VALENCIA (EP/VP). Madrid, Cataluña y la Comunitat Valenciana se repartirán este año el 70 por ciento de la recaudación estimada por el Ministerio de Hacienda del impuesto sobre depósitos bancarios y que se calcula para todo el ejercicio en 316,76 millones de euros. El 50 por ciento ha sido pagado a cuenta a las autonomías en 2014.

Según los datos previstos por Hacienda, la Comunidad de Madrid recaudará este año 122,4 millones de euros, la cifra más alta de todas al contar con mayor número de oficinas bancarias y de ahorros depositados. Le siguen Cataluña, para la que Hacienda prevé 65,6 millones de recaudación, y a distancia, la Comunitat Valenciana, con 32,74 millones.

Por comunidades, la estimación para 2015 es de 12 millones para Aragón; Asturias, 8,57; Islas Baleares, 6,6 millones; Cantabria, 4,2; Castilla y León, 22,35; Castilla-La Mancha, 12,1 millones; Galicia, 19; Murcia, 8,1; y La Rioja, 2,7 millones de euros.

Además, Hacienda compensará con otros 274,98 millones de euros a las tres comunidades tuvieron este impuesto antes de que el Estado lo asumiera: 169,5 millones corresponden a Andalucía, 72,9 millones a Canarias y 32,5 a Extremadura.

IMPUESTO POLÉMICO

El impuesto sobre los depósitos bancarios fue creado en 2013 por el Gobierno con la intención de dar un "tratamiento homogéneo" a un tributo que estaban implantando algunas comunidades. Con la regulación estatal, el impuesto desapareció en las autonomías.

El año pasado, el Ejecutivo elevó el tipo al 0,03 por ciento con efectos desde el 1 de enero de 2014, para lograr una recaudación con la que compensar los ingresos previstos por las autonomías. Para 2015, la estimación ronda los 316,7 millones de euros.

Según el Gobierno, la creación del nuevo impuesto estatal, que lo deben pagar las entidades financieras, pretende que los depósitos de los bancos reciban un tratamiento tributario homogéneo y el sistema financiero no pierda eficiencia. El objetivo es, por tanto, "potenciar y garantizar" la unidad de mercado, según el Ejecutivo.

El asunto ha provocado el intercambio de recursos entre las comunidades que habían regulado el impuesto y el Estado. La primera sentencia del Tribunal Constitucional llegó en 2012 y dio la razón a la Junta de Extremadura, pionera en crear estre tributo para aumentar su recaudación.

El alto tribunal avaló la capacidad de la comunidad para regular el impuesto por entender, entre otros argumentos, que no supone una traba a la libre circulación de capitales.