VALENCIA. La detención de Jorge Ignacio Roca en Moldavia obligará a reabrir la instrucción del caso Emarsa, que ya estaba en la Audiencia Provincial de Valencia pendiente de ser juzgada el próximo 2 de noviembre. Ello provocará un posible retraso de meses e incluso de hasta un año en el enjuiciamiento de los hasta ahora 29 acusados.

La inminente llegada del verano, con el mes de agosto inhábil a estos efectos, hará que las diligencias se dilaten en el tiempo. El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia deberá esperar, primero, a que extraditen a Roca, algo que él mismo estará deseando si pensamos que las cárceles moldavas no tienen piscina cubierta, como algunas españolas.

A continuación, el juzgado pondrá fecha y se le tomará declaración ya que Roca huyó en 2011 de España antes de que se le citara como imputado, estando desde enero del 2012 prófugo de la justicia, cuando el juez instructor dictó orden de búsqueda y captura a través de una Euroorden de detención y entrega.

El interrogatorio puede dilatarse durante varias semanas, ya que se prolongará durante al menos diez sesiones, dado el alto número de letrados y partes implicadas, 30 defensas más las acusaciones, el fiscal y el juez.

PODRÍA HABER NUEVAS DILIGENCIAS

Tras la declaración, pueden acordarse nuevas diligencias que afecten a nuevos imputados o empresas e incluso se pueden iniciar actuaciones en aras a la averiguación del destino del dinero sustraído. A Roca se le imputará también como colaborador por delito fiscal.

También se le abrirá pieza separada por blanqueo de capitales, como ocurrió con su esposa, María Águila Aladrén, que pasó más de dos años en prisión y salió recientemente tras ser condenada a 19 meses por blanqueo y el pago de una multa de más de un millón de euros. Nunca habló para desvelar el paradero del dinero ni de su marido.

Hay que recordar que el magistrado titular de este juzgado, Vicente Ríos, tuvo que coger una baja por enfermedad, tras terminar la extensa y prolífica instrucción de este caso.