VALENCIA (VP/EP). "El PP "da negocio a despachos jurídicos privados a cambio de informes favorables a sus intereses", ha afirmado el diputado y portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco. El importe total de los servicios de asistencia jurídica que las consellerias, empresas públicas, entes y fundaciones de la Generalitat ha ascendido a 11,6 millones de euros desde 2006.
El diputado ha destacado esta cifra "a pesar de que la Generalitat cuenta con la Abogacía General de la Generalitat", con una plantilla de 134 personas, de las cuales 80 son letrados. Desde el Gobierno valenciano alegan que pese a este número de abogados, resultan "insuficientes" para abarcar el volumen de trabajo existente.
Por su parte, Blanco considera que el Consell del PP ha abusado de la contratación externa de estos servicios para dar "negocio a sus amigos, que conforman una oligarquía de despachos privados financiados generosamente con fondos públicos, a cambio de informes favorables a los intereses del PP".
El diputado ha afirmado que la externalización de estos servicios por parte de la Generalitat "es un derroche en toda regla de los recursos públicos. "Es injustificable no sólo que no se aprovechen los recursos que ya tiene la Generalitat, sino que además los contratos sean casi siempre con cuatro o cinco empresas concretas", ha destacado.
Desde EUPV considera que son "éstas las empresas que están marcando al Consell la política sobre el sector público empresarial valenciano". El diputado de izquierdas ha detallado que constan, según los datos de la propia Generalitat, 89 contratos por parte de consejerías y 418 de fundaciones, entes y empresas públicas desde 2006.
Así, las consejerías han gastado en la asistencia jurídica externa un total de 2.446.835 euros y las empresas públicas, entes y fundaciones 9.172.911 euros. Globalmente, entre 2006 y 2012, la Generalitat ha gastado un total de 11.619.746 euros, según datos certificados por el vicepresidente del Consell, José Císcar.
El diputado considera que lo que puede estar haciendo presuntamente el gobierno valenciano "es favorecer a una serie de empresas, alguna de las cuales, como Broseta, está incluso dirigida por el hermano del número 2 de la Conselleria de Economía".
COMPROBACIÓN PERSONAL
Blanco tiene la impresión de que el PP ha entendido la administración valenciana como "su cortijo, desde el cual puede dar negocio a sus amigos a cambio de informes favorables a sus intereses políticos, como pude comprobar personalmente en el caso de las torres de Calatrava".
El portavoz adjunto de Esquerra Unida exige que todos los informes jurídicos de las consejerías y empresas públicas sean "emitidos por funcionarios públicos, con todas las garantías de independencia y legalidad". "No es razonable de ninguna de las maneras que se contraten los servicios jurídicos de fuera cuando la Generalitat dispone de personal para realizar estas tareas", ha insistido.
