VALENCIA. La Generalitat Valenciana pagó al estudio de Santiago Calatrava la totalidad de los 15 millones de euros comprometidos por el proyecto de los tres rascacielos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa). El abono, del que no se tenía confirmación ya que la Sindicatura de Comptes siempre ha hecho referencia de forma exclusiva al abono de 2,5 millones iniciales, se recoge en el auto de archivo de la denuncia que interpuso Esquerra Unida por un supuesto delito de malversación de fondos por parte del Consell.

El auto de la fiscalía recoge el pago de los distintos plazos que establecía el contrato firmado por la Generalitat con Santiago Calatrava. Se trata de 2,59 millones abonados como anticipo el 30 de septiembre de 2005, a los que siguieron otros pagos de 137.290 euros en agosto del año siguiente por "las maquetas y los planos de las torres", 6,24 millones en marzo de 2006 y otra cantidad idéntica en febrero de 2007. "Dichas cantidades han sido abonadas mediante cheques nominativos a la sociedad Santiago Calatrava", señala el auto del juez.

Llama la atención la forma de pago acordada por las dos partes, mediante talones a nombre de la empresa del arquitecto en Suiza, cuando la norma de la Administración es pagar los contratos mediante transferencias bancarias, más cuando se trata de cantidades tan elevadas como las mencionadas.

El auto de la fiscalía, que no aprecia indicios de delito en la adjudicación sin concurso del proyecto a Calatrava, sí ha permitido conocer que la Generalitat pagó la totalidad de un proyecto cuya viabilidad se ponía en duda en el propio contrato. Hasta ahora únciamente se sabía con certeza que se habían abonado 2,5 millones de euros gracias a los informes de la Sindicatura de Comptes.

Otro detalle que se ha conocido con mayor detalle es la falta de control fiscal sobre los pagos al estudio del arquitecto valenciano. Al tener ubicada su sede social en Zurich (Suiza), los pagos que realizó el Consell (en ese época presidido por Francisco Camps y con Gerardo Camps como conseller de Economía y responsable de Cacsa) no constan en el registro de la Agencia Tributaria dado el particular tratamiento que reciben los negocios que se realizan con este país, que según la legislación están exentos de impuestos.