VALENCIA. El pasado 21 de junio, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) firmó con 11 entidades financieras el 'megapréstamo' de 4.354,8 millones de euros con el que iba a pagar, finalmente, a sus sufridos proveedores, algunos de los cuales llevaban hasta tres años esperando saldar sus deudas.

Fue el paso final para un proceso largo y complejo que obligó a la Generalitat a rebuscar por todos sus cajones facturas impagadas para confirmar que coincidía con lo que los empresarios le reclamaban. Un trabajo árduo que implició a muchos funconarios en maratonianas jornadas laborales que finalmente tuvo su recompensa.

El martes de la semana por la tarde, la Generalitat recibió de los bancos una transferencia de fondos. Y no una cualquiera. Eran los 4.354,8 millones de euros acordados. Una desorbitada cantidad (cerca del 5% del PIB de la Comunidad Valenciana) que se depositaron en una 'cuenta restringida', es decir, un cuenta bancaria que nadie del Consell, ni el mismo presidente Alberto Fabra ni el conseller de Hacienda José Manuel Vela, (responsable de los pagos), podían tocar. Solo se podía limitar a ver como, por unas horas, las arcas de la Generalitat tenían una liquidez que ni en sus mejores tiempos.

Pero el dinero tenía un destino finalista. Y, quien sabe para evitar tentaciones (al fin y al cabo la liquidez es un bien demasiado preciado en estos momentos en el Consell), esa cuenta restringida era solo de las de mirar, no de las de gastar.

Según han relatado fuentes conocedoras del procedimiento seguido para pagar a los proveedores, una vez recibidos los fondos fue un sistema informático, que ya tenía introducidos los datos de las 571.715 facturas, con el número de cuenta facilitado por el proveedor, el que, en cuestión de minunitos lanzó ese medio millón de ordenes de pago con sus transferencias correspondientes. Y esa cuenta que durante unas horas fue la envidia de todas las que están a nombre de la Generalitat se quedó en cero, compartiendo, por tanto, las penurias del resto.

La operación ha supuesto una inyeción más que notable de dinero en las venas de 6.358 grandes empresas, pymes y autónomos de la Comunitat Valenciana, el ya mencionado 5% del PIB. "Debería hasta notarse en la calle", ironizaba un empresario. El problema es saber si esos proveedores que tuvieron que sobrevivir meses y meses sin cobrar podrán destinar ese dinero a generar riqueza o, por el contrario, lo ahora cobrado tendrán que utilizarlo para pagar a los bancos que les dejaron dinero para sobrevivir o a los que no les pudieron devolver las líneas de crédito. Pero al menos ya han cobrado. Lo ideal sería que nunca volviese a repetirse ese inmenso retraso en el pago de las facturas.