VALENCIA (EP/VP). La Junta Electoral de Zona de Gandia (Valencia) ha decidido abrir un expediente sancionador al Ayuntamiento de Gandia para depurar las posibles responsabilidades que se deriven de varias infracciones electorales detectadas en periodo electoral, fundamentalmente campañas municipales y actos considerados "prohibidos" desde la convocatoria de elecciones por atentar contra el principio de objetividad.

Además, el acuerdo de la Junta requiere al consistorio que informe sobre la identidad de las personas que decidieron materializar los hechos, según consta en el texto, también notificado al PSPV local como denunciante de los hechos.

La Junta ha decidido acumular en un solo expediente sancionador los acordados por este órgano en cuatro actas diferentes, la primera de ellas con fecha 22 de abril, a raíz de la convocatoria de una charla del alcalde, Arturo Torró, para ese mismo día en un centro de mayores, que fue considerado como prohibido por la ley dado que pretendía "dar a conocer un proyecto de futuro que pretende realizar para el caso de obtener la victoria en las elecciones".

Finalmente el acto fue suspendido, aunque para la Junta este extremo no impide que se continúe el proceso dado que ya había sido publicitado.

En otra resolución, se abrió expediente al Ayuntamiento por la campaña 'Por su bien... por su tranquilidad' y el reparto de pulseras geolocalizadoras para menores en periodo electoral, al considerar también que en este caso se estaba vulnerando la normativa, del mismo modo que en el caso de reparto de folletos relacionados con la limpieza en la ciudad en los que podía leerse 'Ajuntament de Gandia... por un barrio más limpio... y más seguro'. En ambos casos la Junta Electoral ordenó la suspensión de las campañas.

Asimismo, el 4 de mayo se acordó incoar un nuevo expediente sancionador por las campañas municipales 'Aqua Natura. Muy pronto también en Gandia' y 'Gandia amplía su servicio de limpieza', así como la firma de convenios prevista para ese mismo día con distintas asociaciones y colectivos, al considerar que pretendían dar a conocer determinados "logros" o concesiones a determinadas entidades sin apreciarse que "tengan por objeto salvaguardar el interés público".

En una cuarta ocasión, con fecha 23 de mayo, la Junta también incoa expediente sancionador al Ayuntamiento por la comunicación oficial emitida sobre el uso y destino del antiguo hospital, ante lo que requirió la retirada de cartas y folletos relacionados con esta cuestión.