CASTELLÓ. El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países de Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay—, aprobado este viernes por los estados miembros, se abre paso entre una fuerte oposición del campo español por su impacto en el sector agroalimentario. En la Comunitat Valenciana, donde los cítricos constituyen uno de los ejes estructurales del sector, el tratado genera una preocupación transversal por el aumento de la competencia, la presión sobre los precios y los riesgos fitosanitarios asociados a una mayor apertura comercial. 

Aunque los cítricos se han incluido entre los productos considerados sensibles en el marco del tratado, el sector coincide en que los mecanismos de salvaguarda resultan claramente insuficientes para proteger al segmento de productos frescos, que se caracterizan por la estacionalidad, la volatilidad de precios y la rápida respuesta del mercado ante cualquier distorsión. Las organizaciones agrarias advierten de que el tratado consolida una competencia desigual con países que producen con costes laborales y de explotación muy inferiores a los europeos y bajo exigencias medioambientales, sociales y fitosanitarias menos estrictas.

En el caso concreto de los cítricos, uno de los principales frentes de preocupación es Brasil, primera potencia mundial en la transformación de zumo de naranja, que concentra en torno al 70% del consumo global. La Unión Europea se perfila como un mercado estratégico para su expansión. La eliminación progresiva de los aranceles supondría, según el sector, un impacto directo sobre la industria transformadora española, que depende de estas barreras para competir en precio.

El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), que agrupa a los exportadores privados, ya alertó el pasado mes de septiembre de que esta liberalización no solo afecta a la industria del zumo, sino que puede tener un efecto inmediato sobre el mercado en fresco. Con una mayor cuota de mercado de la industria brasileña del zumo en territorio comunitario, entre 650.000 y 850.000 toneladas de fruta que cada año se retiran del mercado por calibres no comerciales o defectos externos podrían perder su principal vía de salida industrial, intensificando los desequilibrios entre oferta y demanda y presionando a la baja los precios en origen.

A este escenario se suma la evolución de otros países del bloque. Uruguay se encuentra en pleno proceso de expansión de variedades tardías de naranjas y pequeños cítricos, con una estrategia orientada a prolongar su presencia en los mercados internacionales. El desarrollo de estas variedades, sobre todo en el caso de los pequeños cítricos, incrementa el riesgo de solapamiento con el inicio de la campaña europea, un periodo especialmente sensible para los productores valencianos, que en las últimas campañas ya han sufrido una fuerte presión por la competencia de cítricos del hemisferio sur.

En el caso de Argentina, las importaciones de naranjas han descendido de forma notable en los últimos años tras la suspensión temporal decretada por la Unión Europea en 2020 debido a un grave episodio de mancha negra. Sin embargo, el acuerdo con Mercosur reabre la puerta a una recuperación de estos envíos si la enfermedad se considera controlada. Esta posibilidad genera inquietud en el sector, más aún cuando en 2025 se han vuelto a detectar problemas relacionados con esta plaga en exportaciones argentinas, lo que refuerza el rechazo del campo valenciano a una mayor flexibilización de las importaciones.

Precisamente, el riesgo fitosanitario constituye otra de las grandes amenazas asociadas al tratado. Entre abril y octubre de 2025, la Comisión Europea ha registrado 44 interceptaciones de cítricos procedentes de Brasil, Argentina y Uruguay por la presencia de plagas y enfermedades de cuarentena, principalmente mancha negra (Phyllosticta citricarpa) y cancro de los cítricos (Xanthomonas citri). Este último resulta especialmente preocupante, ya que concentra la mayoría de los casos detectados y supone una grave amenaza para la citricultura europea.

Desde La Unió Llauradora i Ramadera se insiste en que las cláusulas de salvaguarda incluidas en el acuerdo, pese a que los cítricos hayan sido reconocidos como producto sensible, no ofrecen una protección real para un mercado tan vulnerable como el de la fruta fresca. Su secretario general, Carles Peris, subraya que se trata de mecanismos reactivos que llegan cuando el daño económico ya es irreversible. “En el momento en que se detecta un aumento significativo de las importaciones o una bajada de precios superior a los umbrales establecidos, el mercado ya está hundido”, advierte. En productos frescos como los cítricos, donde la fruta pasa del árbol al mercado en cuestión de días y los precios se fijan semanalmente, estas cláusulas carecen de eficacia práctica.

Por ello, La Unió considera más efectivas otras medidas preventivas como la aplicación de aranceles o limitaciones temporales a las importaciones en los primeros meses de campaña, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre, para evitar el solapamiento con el arranque de la producción europea. Peris añade que la previsión por parte de la Comisión Europea de un fondo de crisis superior a los 6.000 millones de euros evidencia que Bruselas es consciente del impacto negativo que el acuerdo tendrá sobre sectores agroalimentarios estratégicos.

En la misma línea se pronuncia AVA-ASAJA, que considera que el acuerdo pone en riesgo la viabilidad económica de miles de explotaciones agrarias y ganaderas en un contexto ya marcado por el incremento de los costes de producción, la presión regulatoria y la inestabilidad de los mercados. La organización agraria denuncia que la apertura comercial con países que producen con costes mucho más bajos y bajo estándares medioambientales, laborales y fitosanitarios menos exigentes genera una competencia desleal que el sector europeo no puede asumir.

AVA-ASAJA califica de claramente insuficiente el reglamento de salvaguardas propuesto por la Comisión Europea, al no permitir una actuación automática ni preventiva ante perturbaciones del mercado y limitarse a reaccionar cuando el perjuicio para los productores ya se ha materializado. En el caso de los cítricos, advierte, esta falta de anticipación puede traducirse en caídas bruscas de precios en origen y en una pérdida estructural de rentabilidad que comprometa el futuro de la citricultura valenciana.

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