VALENCIA. Dentro del apartado de medidas sensibles hay un amplio espectro de propuestas destinadas a la "regeneración democrática" de la Justicia. El magistrado José María Tomás y Tío, impulsor del documento, ha presentado en el acto algunas de ellas, aunque el texto es mucho más preciso.
Así, exigen un incremento del número de jueces hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por cada 100.000 habitantes; incrementar los presupuestos para Justicia hasta al menos un 3% de los Presupuestos Generales del Estado, y autonomía presupuestaria del Poder Judicial.
Respecto a selección, formación y eleccion de jueces, piden reforzar la transparencia en el nombramiento y la creación de un sistema único de valoración de méritos. Además, consideran necesario un refuerzo inmediato en causas especialmente complejas, posibilidad de trabajar en equipo y cooperar distintos órdenes jurisdiccionales, crear la figura del juez asesor, etc.
Se propone reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con procedimientos ágiles, potenciando la oralidad y reduciendo la instrucción. Y en el procedimiento de investigación en materia de corrupción urge regular, bajo autorización judicial, la intervención y el registro por tiempo limitado de las comunicaciones; crear juzgados especializados; y suprimir el privilegio de declarar por escrito, entre otras propuestas.
Se pide que el tribunal del jurado no juzgue delitos relativos a corrupción, ni cometidos por aforados. Supresión del requisito del suplicatorio a las Cámaras parlamentarias, o privilegios procesales similares para parlamentarios.
Sobre los aforamientos, proponen atribuir la instrucción de todas las causas, incluidas las que afecten a aforados, al juez instructor ordinario; clarificar la competencia en caso de causas que afecten a múltiples imputados, aforados y no aforados; prohibir la posibilidad de cambiar de juez instructor o tribunal en caso de que la personas imputada o acusada deje de estar aforada y viceversa.
También, en caso de que se atribuya la instrucción al fiscal, debe reforzarse su independencia del Poder Ejecutivo, incrementar los medios, y crear una auténtica Policía Judicial con agentes a las órdenes directas de los jueces o fiscales.
Respecto a la recuperación de patrimonios ilícitos, piden incluir figuras utilizadas en otros ordenamientos tales como el enriquecimineto ilícito y las leyes de esxtinción de dominio; así como permitir el embargo de bienes de testaferros o colaboradores, fomentar la investigación patrimonial, y crear una oficina de recuperación de activos.
Y en cuanto a las penas, piden la imposibilidad de obtener la suspensión de penas inferiores a dos años si el condenado por corrupción no garantiza la devolución de la responsabilidad civil, sin que quepa la declaración de insolvencia. Además, solicitan limitar o prohibir la suspensión o sustitución de la pena en casos de corrupción.
CODIGO PENAL
Los expertos también exigen modificaciones del Código Penal, como la simplificación de algunas figuras delictivas, entre ellas el cohecho y la malversación (para evitar "microinjusticias"); e incorporar reglas de competencia extraterritorial (siguiendo el ejemplo del Reino Unido).
También solicitan agravar las penas en casos de financiación ilegal en los que se involucra a la administración pública (por su carácter "pluriofensivo" ); ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción; introducción del delito de enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato; y reducción de la cuota defraudada en los delitos contra la Hacienda Pública (hoy fijada en 120.000 euros); etc.
Concluye el documento con la necesidad de impulsar el sentido ético en la sociedad a través de los medios de comunicación y la formación (educación para la ciudadanía), y la creación de un Observatorio y un Foro Ciudadano contra la Corrupción.
