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Los trabajadores de la Generalitat exigen la paralización de los "interrogatorios" para encontrar al "topo

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VALENCIA (EP). La Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Generalitat Valenciana ha exigido la paralización de los "interrogatorios de estilo policial" que se están practicando para encontrar al "topo" que esta "filtrando documentación".

Representantes de la Junta de Personal se ha personado este martes en la sede de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat para reunirse con el subsecretario de la Conselleria y pedirle "explicaciones" sobre el proceso de búsqueda del "topo" que "ha filtrado diversa documentación a la prensa". La documentación "filtrada", según ha indicado la Junta de Personal en un comunicado, "ha permitido conocer la existencia de gastos destinados, supuestamente, a fines particulares".

Sin embargo, ha criticado que el subsecretario "no ha encontrado un momento en su apretada agenda para habla con la Junta de Personal en todo el día". Aun así, a la Junta le consta que "los interrogatorios de estilo policial han seguido produciéndose".

La Junta de Personal ha exigido ante la Conselleria de Presidencia "la paralización inmediata de las actuaciones del expediente informativo, al menos hasta ser recibidos por el subsecretario", por entender que estas actuaciones "están poniendo en tela de juicio la honorabilidad del personal funcionario interrogado".

Ha manifestado que "llama poderosamente la atención" como la Generalitat "actúa con inusitada diligencia contra unas filtraciones de documentación no confidencial y, en cambio, se haya mostrado absolutamente pasiva ante las peticiones de apertura de expedientes informativos que ha efectuado la Junta de Personal de los Servicios Centrales ante actuaciones acreditadas por documentación oficial".

Así, ha puntualizado que el Informe de la Viceintervención de Control Financiero de septiembre de 2012, relativo a las encomiendas de gestión de la Conselleria de Medio Ambiente en 2011 a la empresa Vaersa, "deja clara la existencia de sobrecostos injustificados de cerca del 30 por ciento, que no se han investigado ni se han depurado responsabilidades".

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