La Generalitat sufre. La soga al cuello de los impagos se ha apretado en los últimos meses: una situación crítica que los máximos responsables del Consell esperan que mengüe con el balón de oxígeno de los hispabonos que, por fin, se anunciarán el próximo jueves.

No obstante, elevando la mirada más allá de las protestas -cargadas de razón en la mayoría de los casos- de diversos colectivos, es obligado no perder de vista las reformas administrativas y estructurales a las que se comprometió el Consell de Alberto Fabra con su llegada al poder.

La reforma del sector público empresarial "progresa adecuadamente". Es la versión oficial de la conselleria, algo que no concuerda con otras opiniones vertidas sobre esta reestructuración necesaria para impedir la asfixia de la tesorería autonómica. El grueso de los gastos, mientras siga sin aplicarse el recorte anunciado, sigue abonándose religiosamente cada mes.

La palabra ‘retraso' ha sido una de las más mencionadas por los altos cargos y medios de comunicación en esta legislatura y no solo en el ámbito estrictamente referido a los pagos, sino también en los aspectos de tramitación de reformas anunciadas meses atrás.

En los últimos días, diversos colectivos han vuelto a echarse a la calle para protestar por el dinero que se les adeuda. Los farmacéuticos han aplazado ‘in extremis' una nueva huelga confiando en la palabra del Ministerio de Sanidad y del Consell, que han prometido un plan de pagos. A día de hoy, la deuda por las facturas farmacéuticas desde el mes de febrero asciende a 480 millones de euros.

No son los únicos que han puesto el grito en el cielo. Este lunes, representantes de la Federación Empresarial de Entidades Titulares de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (Fead) anunciaron un cierro para reclamar a la Generalitat los 16 millones de euros que aún le adeuda del primer plazo porque los 89 centros que agrupa, en los que se atiende a más de 3.000 personas, "ya no pueden más".

Ayer, por cuarto mes consecutivo, los trabajadores de nueve institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana se sumaron a la parada de un minuto -por cuarto martes consecutivo-, convocada por los comités de empresa para denunciar la "angustiosa situación financiera" a las que les ha conducido "el impago del trabajo realizado para Impiva en 2010 y 2011 que supone un total de 51 millones de euros", según informó la Red de Institutos Tecnológicos (REDIT) en un comunicado.

Tres ejemplos de ámbitos diferentes que recogen la situación límite a la que se enfrenta la Generalitat Valenciana que, además, también acusa el retraso en reformas estructurales y administrativas. Los cambios en el sector público empresarial o en el modelo sanitario todavía siguen en la sala de máquinas, lo que implica que el grueso de los gastos, pese a las reducciones que se hayan aplicado hasta ahora, siguen pagándose.