VALENCIA (L. MASERES). El presidente de la patronal alicantina (Coepa), Rafael Martínez, declaró este mediodía, tras la asamblea general de Cierval celebrada en Valencia, que desconocía las informaciones sobre el registro, por parte de la policía judicial, de las oficinas centrales de la empresa Ortiz e Hijos Construcciones y Contratas en Alicante, en el curso de la operación abierta por la Fiscalía Anticorrupción. La intervención afecta también la Diputación de Alicante, a su presidente José Joaquín Ripoll y al Ayuntamiento de Orihuela (Alicante).

"Nos ha sorprendido; en absoluto es agradable o positivo", declaró Martínez. Tras afirmar que no tenía ningún dato relativo a los registros de la policía, el representante de los empresarios de Alicante pidió prudencia y afirmó confiar en la justicia.

"Todo lo que pueda afectar a las instituciones nos preocupa", manifestó Martínez. Las declaraciones se produjeron momentos antes de la detención del presidente de la Diputación y del constructor alicantino Enrique Ortiz.