C.Valenciana

LOS ESTATUTOS DE LAS UNIVERSIDADES, PRECEDENTES

Solo un juez puede 'prohibir' el Diccionari

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VALENCIA. El dictamen del Consell Jurídic Consultiu, independientemente de su contenido, no tiene valor jurídico. La Acadèmia Valenciana de la Lengua, como organismo autónomo, tiene derecho a ejercer sus competencias, entre ellas la normalización del valenciano. La AVL entiende que esa capacidad incluye la elaboración del diccionario y, con él, la definición de todas las palabras que en él se recogen, incluída la de valenciano. 

Aunque la definición haya levantado ampollas en el PP valenciano -nunca en la comunidad científica que no duda de la unidad de la lengua en ninguna universidad del mundo- la capacidad del Consell para forzar la modificiación del texto solo puede llegar por la vía de la presión política. En caso de que la AVL se resista, a la Generalitat solo le quedaría recurrir judicialmente el hecho administrativo de la aprobación del diccionario por parte de la AVL.

La Generalitat debería presentar un recurso contencioso administrativo contra ese hecho concreto y esgrimir las razones por las cuales pide que se anule la decisión de dar vía libre al diccionario. En este caso debería arguir las razones de falta de encaje con el Estatut de Autonomia, fundamentalmente.

El único punto en el que L'Estatut hace referencia a la lengua es el artículo 6, que dice que "la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano". No hay una definición explícita de la lengua, si bien se argumenta por parte del Consell que, implícitamente, se reconoce la singularidad del idioma. 

Una explicación que tiene escaso recorrido judicial. Como precedentes están los estatutos de las universidades valencianas, en cuya redacción se utiliza el término catalán para referirse al valenciano. La Genralitat ha recurrido judicialmente estos textos y se ha granjeado derrota tras derrota en los tribunales que aceptan la denominación científica de la lengua de los valencianos.

Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico consideran que sería una temeridad que la Generalitat emprendiera ese camino y apuntan más a la presión política. 

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