VALENCIA (VP). S&P acaba de rebajar tres peldaños la calificación de la deuda a largo plazo de la Comunitat Valenciana después de que "la colocación de la emisión de bonos [patriíticos] ha sido más difícil de lo esperado".

La agencia añade que el acceso a inversores minoristas, objetivo de la emisión, está disminuyeno, lo que complica todavía más la salida a los mercados de capital por parte de la Generalitat.

S&P "reduce la evalución de la liquidez de la Generalitat Valenciana desde negativo a muy negativo". La calificadora considera que la Generalitat ha recibido el apoyo de varias fuentes de financiación más allá de los inversores minoristas, entre las que destacan los bancos y el Estado [a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO)] para completar sus necesidades urgentes.

La agencia internacional revisará en los próximos meses la calificación y advierte de que puede bajar varios escalones más la nota si "observa que la Comunitat Valenciana no ha presentado un plan sólido y creíble que se ocupe de sus necesidades de financiación en el futuro".

La calificación de 'BBB-' deja a la Comunitat a un peldaño de los bonos basura a punto de empezar un año en "en el que tiene que afrontar fuertes vencimientos de deuda con escasa liquidez", asegura S&P.

Hace dos meses S&P ya rebajó el rating a largo plazo de la CV a 'A-' desde 'A' y el de corto plazo a 'A-2' desde 'A-1', porque consideró que había "retrasado" la puesta en marcha de "medidas significativas" de recorte de gasto en la primera mitad de 2011, y ya entonces sostenía que iba a exceder los objetivos de déficit fiscal para el ejercicio. Además, añadió que veía al Gobierno valenciano "poco dispuesto a hacer un uso completo de su flexibilidad en la recaudación de impuestos".

Para esta decisión, la agencia precisó que tuvo en cuenta "el deterioro del proceso presupuestario" en la Comunidad, incluyendo "el historial de desviaciones presupuestarias, la sobreestimación de ingresos teniendo en cuenta la ejecución a mitad de 2011", así como su opinión de que el plan de reequilibrio "introduce diversas suposiciones de difícil cumplimiento".

La agencia de calificación cree que las estimaciones presupuestarias y financieras de la comunidad "aumentan el riesgo de desviación presupuestaria" y considera que la capacidad de la Generalitat para equilibrar ingresos y gastos "se ve lastrada por su falta de disposición a incrementar impuestos y por la tardanza en poner en marcha una reducción de costes ambiciosa".