VALENCIA. Los órganos de control europeos lo tienen claro: los empleados de los organismos públicos no deben aceptar obsequios e invitaciones personales y, además, debería establecerse un registro sobre los mismos.
Este es uno de los aspectos destacados del informe 'Buenas Prácticas Antifraude' aprobado por el Comité Directivo de la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público (Eurorai), que engloba a un centenar de organismos europeos entre los que se encuentra la Sindicatura de Comptes, que ostenta la secretaría general del mismo.
El documento, redactado en marzo en Valencia, fue presentado ayen en Burdeos con el objetivo de ser una "guía común" para impulsar el papel de los órganos de control externo en la lucha contra el fraude y la corrupción.
Una recomendación similar fue, precisamente, rechazada semanas atrás por el Consell y el grupo ‘popular' en Les Corts, que votó en contra de una iniciativa de Compromís -que sí obtuvo respaldo de PSPV y EU- que pretendía regular el régimen y los registros de obsequios y atenciones protocolarias a las autoridades, funcionarios y empleados públicos de las administraciones valencianas.
El Consell justificó su oposición a la proposición de ley al considerar que la propuesta pretendía regular una serie de conductas o situaciones que ya se encuentran "exhaustivamente reguladas".
Así, citaron además que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que se rechazará cualquier regalo, a favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya "más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía". En cambio, el informe del Eurorai, pone el acento en la conveniencia de "declararse en un registro" los obsequios e invitaciones, "incluidos los rechazados".
CÓDIGOS DE CONDUCTA
Entre las pautas principales surgidas del informe, se encuentra además la necesidad de promover la creación de Códigos de Conducta que firmen todos los empleados y que incluyan sanciones por incumplimiento. Aparte del registro de regalos citado anteriormente, otros aspectos que incluiría este código son la separación de funciones en los procesos de licitación, la neutralidad política, asegurar los nombramientos en función del mérito o evitar la obstaculización del trabajo por compromisos externos.
