BRUSELAS. La eurodiputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Maite Pagazaurtundúa, ha pedido a la Comisión Europea explicaciones sobre la investigación que ésta mantiene abierta en relación al presunto maquillaje fiscal llevado a cabo por el Gobierno de la Generalitat Valenciana.

En una pregunta parlamentaria, Pagazaurtundúa recuerda al Ejecutivo comunitario que diversas informaciones aparecidas en medios de comunicación españoles señalan que la Comisión Europea está investigando a la Comunitat Valenciana por un supuesto caso de ocultación del déficit público de la región, por el cual no sólo se habrían falseado los gastos sanitarios, sino también los de otros organismos públicos de la región como la Feria de Valencia, Ciegsa o las Universidades.

"Ante la situación de descrédito de las instituciones en España, especialmente en una región como la Comunitat frecuentemente sacudida por escándalos de corrupción, y ante la tendencia imperante en España de desviar la responsabilidad entre los distintos niveles de la Administración del Estado, considero de gran importancia que la Comisión arroje luz al respecto", señala la eurodiputada de la formación magenta.

Por ello, Pagazaurtundúa pide a la Comisión Europea que exponga cuáles han sido las motivaciones exactas para iniciar tal proceso de investigación, así como qué partidas se están investigando y qué consecuencias podría tener a efectos.

NEGLIGENCIA O VOLUNTARIEDAD

El gobierno comunitario ha ampliado recientemente la investigación a la Generalitat Valenciana ante la sospecha de que pudo manipular no sólo sus datos de déficit y deuda en 2011, sino también en años anteriores, desde 2008. 

La investigación examina si la declaración errónea, de forma deliberada o por negligencia grave, de los gastos realizados en esa comunidad autónoma tergiversó los datos nacionales de déficit y de deuda de España a lo largo de varios años.

Por ejemplo, en 2011, el déficit declarado fue de un 3,68% del PIB, unos 3.600 millones de euros, cifra que fue elevada por el Ministerio de Hacienda posteriormente hasta el 4,5%.

Tras esa rectificación, Eurostat procedió a efectuar inmediatamente inspecciones de carácter técnico en España para determinar la naturaleza del problema. Según las primeras investigaciones, la Intervención General de la Generalidad Valenciana (IGGV) habría enviado sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas nacionales "a lo largo de muchos años".

Además de no haber notificado considerables gastos sanitarios, la IGGV no habría respetado el principio de devengo previstos por los reglamentos a nivel nacional y de la UE y se hizo caso omiso a los informes del Tribunal de Cuentas autonómico y de las observaciones de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana que habían identificado estos problemas.