VALÈNCIA (EP). El pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC) ha aprobado este martes por mayoría tres informes críticos sobre las llamadas leyes de Concordia, de libertad educativa y la reforma de la radiotelevisión pública valenciana -À Punt- que impulsan los grupos parlamentarios de las formaciones que integran el Consell, PP y Vox.
Los documentos han salido adelante sin la presencia de cinco consejeros--los nombrados a propuesta del PP-, que han decidido ausentarse para no participar ni en el debate ni en la votación de esos dictámenes y mostrar así su disconformidad. De este modo, los informes han recabado 13 votos a favor (otra de las consejeras, Núria Vizcarro, no ha podido asistir a la sesión, aunque ha hecho constar por escrito su apoyo a varios puntos del orden del día, entre ellos esos informes).
Como se preveía, el pleno ha resultado tenso y los integrantes del organismo han dejado ver sus diferencias. La consejera Ana Noguera ha defendido la "independencia, la autonomía y la libertad de trabajo del CVC", que considera que "se ha puesto en cuestión". Ha negado que los consejeros estén con el mandato caducado -puesto que el período es de seis años--y ha calificado de "inédito" que parte de los miembros abandonen las votaciones argumentando "ilegalidades que no han sido demostradas".
Le ha replicado Ascensió Figueres, quien ha subrayado que "nunca se ha emitido ningún informe sobre una ley en tramitación" y que el reglamento del CVC habla exclusivamente de anteproyectos. "Lo que está claro es que el propósito clarísimo es no entrar en proceso parlamentario cuando una ley está en tramitación", ha insistido esta consejera, quien ha apostillado que "lo más razonable" sería retirar los informes presentados. Y ha hecho notar que la "urgencia" de votar hoy esos informes se debe a que este miércoles se votan las proposiciones legislativas en Les Corts. Por todo ello, ha anunciado el abandono del pleno por parte de cinco miembros.
Por su parte, el consejero José Vicente Navarro ha insistido en la retirada de los puntos relativos a las leyes de PP y Vox dado que considera que son "ajenos" a las competencias del CVC y que la emisión del informe sería "una atribución ilegal".
En este sentido, ha anunciado su intención de tomar "acciones legales" para "exigir responsabilidades a los consejeros que procedan a tratar puntos ilegales y que voten los mismos".
Acciones judiciales
"No nos consta ninguna institución pública que haya solicitado el informe y, por tanto, su inclusión en el orden del día y el ser tratados en este pleno implicaría que se pudiese incurrir en prevaricación administrativa por destinar recursos públicos a unos trabajos impropios y, por tanto, yo mismo implicaría acciones judiciales contra los responsables de dicho gasto y de la inclusión en el orden del día", ha aseverado.
Poco antes de que los consejeros abandonaran la sala, algunos de los otros miembros del CVC les han animado a quedarse a debatir las leyes para saber su opinión, ya que consideraban que son cuestiones "muy importantes" enmarcadas en "un periodo de regresión muy importante".
Finalmente, la presidenta, Dolors Pedrós, ha lamentado la marcha de los cinco consejeros designados por el Partido Popular y ha indicado que "no es la primera vez que lo hacen" pues, según ha afirmado, cuando fue nombrada vicepresidenta del Consell "se levantaron los mismos y yo me he quedado sin el argumentario". "No sé qué mal he hecho para que se levanten; igual que ahora no encuentro correcto que se levanten, y quiero que quede constancia", ha subrayado.
Con la mayoría de 13 votos, el CVC ha considerado que el carácter de urgencia de la tramitación de las leyes no invalida la intervención valorativa de la institución estatutaria, que no ha sido consultada. Se ha recordado que tampoco ha podido hacerlo sobre los anteproyectos habituales, de acuerdo con el carácter de urgencia por el cual este primer paso, el del anteproyecto, no es necesario.
Uno de los informes que ha levantado más polémica ha sido el de la ley de Concordia, elaborado por la Comisión Jurídica del órgano consultivo tras la solicitud realizada por el grupo parlamentario socialista.
"Ofensa" a un sector de la población
En sus conclusiones, el CVC reprocha que, con la propuesta de Ley de Concordia con carácter de urgencia, "los poderes públicos están imponiendo un discurso histórico y aseveran que "la propuesta de ley es una ofensa hacia un sector de la población, de unas víctimas y sus descendentes, por el hecho que contraviene los Derechos Humanos y niega la Memoria Democrática".
"Se demonizan los referentes y tradiciones democráticas que la Dictadura desprestigió como por ejemplo la Segunda República, negando su condición de Estado Democrático y malversando la historia. Se equipara la Democracia con la Dictadura. La igualdad de las víctimas en el dolor y la dignidad no equivale a igualar las causas por las cuales murieron. Unas lucharon por la Democracia y otras para destruirla. No hay víctimas de la Segunda República, como tampoco de la Monarquía Borbónica. Hablar de víctimas de la Segunda República es una categoría inventada", sostiene el texto.
Y califica de "ignominiosos los planteamientos de un proyecto de ley que pretende invisibilizar la actuación de los golpistas durante la guerra civil, así como la brutal represión durante la posguerra y la dictadura", que -apostilla- no nombra.
Respecto a la ley de "libertad" educativa, el CVC señala que el nombre de la norma resulta "un poco grandilocuente" cuando "realmente se trata, nada más y nada menos, de la elección de la lengua de enseñanza, lo cual ya de inicio puede generar confusión en las familias valencianas".
En este sentido, han remarcado que la escuela es "el instrumento principal e imprescindible para garantizar el aprendizaje del valenciano, tanto en la enseñanza de la lengua como su capacidad de socialización y comunicación". Por lo que critica que la ley, "en vez de cumplir con la obligación de normalizar el valenciano, pretende su reducción a la práctica extinción educativa".
Sobre la ley À Punt consideran que la ley vigente es "mejorable en muchos aspectos" pero que "es un buen punto de partida para evaluar lo que está funcionando bien y lo que hay que mejorar, por lo que no hay que deshacer todo lo hecho hasta ahora".
"Insultos y gestos despreciativos"
Antes de la votación de los informes sobre las propuestas legislativas que impulsan PP y Vox, el consejero José Vicente Navarro ha mostrado su disconformidad sobre que se siga utilizando el término "presidenta" del CVC para referirse a Dolors Pedrós -que ocupa el cargo en funciones- y ha denunciado su "constante actitud de pasividad" porque, según ha aseverado, esta permitió durante el anterior pleno del pasado 27 de mayo, "insultos y gestos despreciativos" a otros consejeros y a su propia persona.
"Se volvieron a reiterar insultos y expresiones vejatorias hacia mi persona. No voy a dejarlos pasar por alto", ha afirmado Navarro, al tiempo que ha reclamado un disculpa y ha avisado de que iba a grabar la sesión "para que la opinión pública sea conocedora" y para "tomar acciones legales" si es el caso.
Por su parte, Dolors Pedrós ha señalado que, aunque no es jurista, "duda de la legalidad" de esa acción. "Dejo la duda en la mesa de si esa grabación se puede publicar y pido tranquilidad", ha reclamado.
Finalmente, en el pleno de este martes también se han aprobado las propuestas de nombramiento de Bien de Interés Cultural (BIC) del Porrat de Potries (Valencia) con todo votos a favor y una abstención, y el informe sobre La Casa dels Bous del Cabanyal por unanimidad.
Foto: CVC
