VALÈNCIA. El Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) aprobó este viernes las cuentas anuales de 2022 de la corporación, de la filial Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) y las consolidadas del grupo.
Las pérdidas consolidadas del grupo fueron de 79,64 millones de euros, que, descontado el dinero aportado por la Generalitat -70,61 millones- para la prestación del servicio público, arroja unos números rojos de 9,03 millones. La empresa que preside Miquel Francés no facilitó ningún dato más de la cuenta de resultados en 2022, ni siquiera la cifra de ingresos.
Según justificó el Consejo Rector en un comunicado, la cuenta de resultados consolidados del grupo daría un beneficio de 1,42 millones si "la Agencia Tributaria (AEAT) no hubiera cambiado el criterio de deducción del IVA". En el pasado ejercicio, la repercusión de este impuesto fue de 10,45 millones, incluyendo parte de los posibles intereses de ejercicios anteriores.
Desde la Corporación recalcaron que la AEAT no ha mantenido siempre los mismos criterios respecto de la deducibilidad del IVA soportado por todos los medios de comunicación públicos autonómicos de España y RTVE. De hecho, precisaron que cuando llevó a cabo la inspección del IVA a la CVMC y la SAMC de los ejercicios 2017 y 2018, la Agencia Tribunataria dio la razón al ente público al considerar deducible el IVA soportado. "Posteriormente, la misma agencia cuestionó el derecho al 100% de la deducción", explicó la CVMC.
Según la AEAT, el impacto total de las regularizaciones practicadas por la Inspección en la CVMC y la SAMC relativa a los ejercicios del 2016 a enero del 2022 asciende a 41,67 millones de euros. El ente público, no conforme con estos acuerdos de liquidación, interpuso reclamaciones ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunitat Valenciana que se encuentran actualmente "pendientes de resolución".
Desde la CVMC insistieron en que la Inspección "consideró que no existen indicios de la comisión de ninguna infracción tributaria y, por tanto, no inició procedimiento sancionador contra las entidades".
En el caso concreto de À Punt, indican, en el artículo 52 de las Leyes de Presupuestos de los años 2021 y 2022 se previó la asunción de "las mayores obligaciones tributarias sobrevenidas de la CVMC y de la SAMC". Esta previsión, añaden, está recogida también en la cláusula cuarta del contrato programa entre la CVMC y la Generalitat para los años 2021-2023.
Sobre esta cuestión, el Consejo Rector admite que la "complejidad" para encontrar un mecanismo financiero para llevar a cabo el artículo 52 ha generado "problemas puntuales" de tesorería, "especialmente relevantes" en la SAMC, aunque "en ningún caso" un efecto imputable a la gestión interna, aprobada cada año por los diferentes órganos de fiscalización. "De hecho, otras televisiones autonómicas han afrontado la situación con un aumento de su presupuesto por parte de la Administración", apuntó.
"En estos momentos, el conflicto de los operadores públicos de radiotelevisión con la AEAT es encuentra todavía en vía judicial, a la espera de la resolución de los recursos planteados por las entidades afectadas", han añadido. La Forta defiende en este litigio "los intereses de las televisiones autonómicas, incluida la valenciana", concluyó la CVMC.
Sede de À Punt - Foto: ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS
