VALÈNCIA. (EFE) El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, estudia la posibilidad de que la Generalitat compre dos bloques de viviendas de La Pobla de Vallbona ocupados por 38 familias que van a ser desahuciadas previsiblemente a partir del 8 de febrero.
En un comunicado, Dalmau ha expresado su "satisfacción ante la decisión del juzgado de Llíria de suspender el desahucio que estaba previsto para el próximo miércoles, 9 de diciembre".
Ha destacado "la importancia de haber actuado con total celeridad y de manera conjunta y coordinada desde la Generalitat y el Ayuntamiento para demostrar que se trata de familias vulnerables, de más de noventa personas que no disponen de alternativa habitacional".
"Ahora una vez los jueces han decidido la suspensión, vamos a iniciar un proceso de negociación con el fondo de inversión -propietario de los inmuebles- para buscar alternativas", ha subrayado para incidir en que "la solución pasa por conseguir alquileres sociales o por que la propia Conselleria adquiera directamente el edificio y pueda regularizar los alquileres".
El vicepresidente ha insistido que "desde el Consell se sigue trabajando para que todas las personas tengan garantizado el derecho a la vivienda y no pueda haber ningún desahucio sin una alternativa habitacional".
Según ha explicado, en las últimas semanas se han mantenido conversaciones telefónicas e intercambios de correos con la propiedad, que concluyeron con una reunión por videoconferencia con los representantes legales.
En la misma les fue reiterada la petición de que fuera facilitada la suspensión con el fin de disponer de entre tres y cuatro meses para poder negociar las soluciones contractuales o conveniales que existen en la Conselleria para alcanzar la solución habitacional a las familias afectadas.
En la citada reunión se expuso la posibilidad de firmar un convenio donde se establecieran alquileres asequibles para las familias y, del mismo modo, se les informó de los mecanismos habilitados para la adquisición de los inmuebles por emergencia, teniendo siempre presente que tanto un convenio como la adquisición son procedimientos administrativos que requieren entre cuatro y siete meses de tramitación.
Por su parte, los servicios sociales del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona aportaron al Juzgado los informes de vulnerabilidad correspondientes.
Tras la reunión que tuvo lugar el pasado día 2, y ante la falta de respuesta, desde la Dirección General de Emergencia Habitacional se procedió a reiterar por escrito de nuevo la solicitud de suspensión comunicando al Juzgado de Llíria las actuaciones llevadas a cabo con la parte actora hasta la fecha.
El Juzgado, ante la suspensión solicitada y los informes presentados, ha decretado la suspensión hasta el próximo 8 de febrero.