Dalmau pretende declarar la Comunitat  "territorio libre de desahucios" en cuatro años

VALÈNCIA (EP). El conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha situado este miércoles entre sus objetivos de legislatura el de "declarar la Comunitat Valenciana territorio libre de desahucios" maximizando los recursos para ayudas al alquiler y aumentando el parque público de viviendas mediante la compra directa en el mercado, la construcción y a través de la cesión de inmuebles por parte de grandes tenedores como las entidades financieras rescatadas que "tienen que devolver lo que la sociedad ha hecho por ellas".

Así lo ha indicado el también vicepresidente segundo en su comparecencia en Les Corts para explicar las líneas generales de su departamento para esta legislatura, que ha dividido en sus dos bloques de competencias: la necesidad de garantizar el derecho "efectivo de verdad" a la vivienda" y la lucha contra la emergencia climática, reconociendo los derechos de la naturaleza en el Estatuto e implementando un 'contrato verde', además de impulsar la Agencia Valenciana de la Energía y la Agencia Valenciana del Cambio Climático.

Martínez Dalmau ha comenzado su intervención abogando por una "política responsable" que permita acometer una "transformación real" de la Comunitat aunque ha lamentado que esta se encontrará con "muchos obstáculos" si no se consigue estabilidad a nivel nacional y una financiación justa.

Respecto a la vivienda, ha indicado que las instituciones deben entenderla como un bien de primera necesidad que también actúa como elemento para reducir la exclusión social, ya que "por cada euro invertido en vivienda se recuperan cuatro euros por la no utilización de otros servicios". Así, ha indicado que esta debe ser la legislatura en la que se consolide como "un pilar más del Estado del Bienestar".

El conseller ha señalado que su antecesora, la socialista María José Salvador, deja un legado "de buena gestión y valentía" pero aún queda "mucho por hacer". Además de reglamentar la Ley de Función Social de la Vivienda, ha incidido en la necesidad de acabar con los desahucios promoviendo protocolos de actuación unificados ante casos de emergencia y pidiendo la colaboración de entidades locales y otros departamentos. Todo ello para evitar que "seis familias se queden en la calle al día porque la administración no puede ofrecer alternativas".

La administración, ha dicho, no tiene actualmente capacidad suficiente para dar apoyo en forma de ayudas y viviendas a todo el que lo necesita, pero "maximizará" los recursos para ayudas al alquiler y tratará de aumentar el parque público de viviendas, que ahora tiene una ocupación del 100%.

Ha explicado que se adquirirán entre 45 y 50 viviendas del mercado y se trabajará para conseguir que grandes tenedores como la Sareb, Bankia o Sabadell cedan viviendas para alquiler social. "Nuestra voluntad es total, pero se necesita que estas entidades pongan de su parte". Respecto a la promoción y construcción de vivienda, apostará por la colaboración con cooperativas y promotores privados.

También se ha referido al aumento del precio del alquiler, que hace que pese a las medidas tomadas "acceder a una vivienda es en 2019 más complicado que en 2015", lo que afecta especialmente a los jóvenes. Por ello, además de pedir un pacto estatal para regular el precio del alquiler, ha apostado por trazar un plan autonómico, Fent Habitatge 2019-23, y ha anunciado la puesta en marcha del Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana para disponer de datos objetivos y fiables.

En cuanto a la regeneración urbana, ha indicado que ante el parque envejecido se seguirá apostando por los ARRU para impedir "la degradación de los barrios más antiguos" y se ha referido especialmente a la regeneración del Cabanyal, que "resistió a la política de acoso y derribo de la derecha".

El parque global de viviendas

Por otra parte, Dalmau también ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar el parque global de viviendas desde el punto de vista de la sostenibilidad, ya que "el 34% de los hogares en la Comunitat pasan frío", en parte por problemas económicos, pero también por "la poca adecuación de las casas".

Por ello, la Conselleria impulsará una Agenda Urbana Valenciana para rehabilitar las casas y que sean climática y energéticamente sostenibles. El objetivo es descarbonizar los edificios antes de 2015 y ha recordado que los valencianos saben de construcciones sostenibles, poniendo como ejemplo las barracas, los 'riuraus' o las casas de piedra.

Respecto a la emergencia climática, ha advertido de la necesidad de "pasar de las palabras a los hechos" y ha apostado por mitigar el cambio climático aprovechando la oportunidad para conseguir un modelo económico sostenible. "No valen ni el negacionismo ni el catastrofismo", ha advertido, criticando a los partidos que niegan esta realidad.

Los objetivos en este campo son conseguir un acuerdo amplio para reconocer los derechos de la naturaleza y sociales en una futura reforma del Estatuto y la apuesta por la reducción de las emisiones de CO2 y la producción de renovables en territorio valenciano. Para ello se impulsarán la Agencia Valenciana de la Energía y la Agencia Valenciana del Cambio Climático, que será la encargada de coordinar las políticas del Consell y asegurarse que no se "baja la guardia".

Críticas de PP, Cs y Vox

El diputado del PP Alfredo Castelló ha criticado que Dalmau haya aludido a problemas y objetivos pero no diga "qué hacer, cómo, cuándo o con qué plan" y se ha preguntado "qué desayuna por las mañanas" para creerse que va a acabar con los desahucios cuando desde 2015 hay 900 viviendas públicas okupadas más y más de 110.000 personas han sido desahuciadas estos cuatro años.

Además, le ha recordado que las competencias sobre cambio climático no son suyas y ha agregado: "Le vendieron que iba a ser vicepresidente verde pero se ha vuelto transparente".

Desde Ciudadanos, Mamen Peris ha resaltado que el derecho a la vivienda "no es patrimonio de la izquierda" y ha abogado por reformar la Ley de Función Social de la Vivienda para conseguir un texto "centrado".

Además, ha apuntado a las más de 1.000 viviendas públicas okupadas y ha destacado que hay muchos pequeños propietarios que se ven perjudicados y cuando recuperan sus inmuebles están "destrozados", por lo que "tienen miedo y no volverán a alquilar". "No los vea como especuladores, a usted que invirtió en un complejo en Bogotá no lo veo como especulador", ha agregado.

Miguel Pascual (Vox) ha incidido en la "inseguridad" de los propietarios ante las ocupaciones ilegales, lo que hace que aumente el precio del alquiler para "compensar el riesgo" o incluso deciden dejarlas vacías. Por ello, ha abogado por penalizar la okupación "de forma contundente" y excluir a esas personas de cualquier ayuda social. Además, ha denunciado que con las políticas planteadas "lo único que quieren es gente empobrecida, que tenga que pasar por sus ayudas, son simples limosnas para tener garantizados votos".

En su réplica, Dalmau ha rechazado "lecciones" del PP por su gestión de esta área, ha asegurado que no hay problemas de coordinación en el Consell, que actúa como un único gobierno, ha pedido a los diputados que no entren en "ataques personales" y ha apuntado que la ocupación ilegal es una cuestión "muy delicada" porque "las familias que entran a una vivienda no es por gusto o placer, es por una emergencia habitacional" a la que hay que responder.