De Cabo niega haber estafado a unos empresarios al no presentar el concurso de acreedores

VALÈNCIA. El juicio por una presunta estafa cometida por Ángel de Cabo, condenado por blanqueo de capitales en el caso de Viajes Marsans, y contra dos de sus trabajadores ha comenzado este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por un presunto delito de estafa en la compra y gestión de varias empresas. Aunque durante las cuestiones previas las defensas y la Fiscalía solicitaron la suspensión del mismo para que volviera a la fase de instrucción, la sala denegó la petición y el juicio comenzó con las declaraciones de los acusados.

Todo el problema de la suspensión venía derivado por un informe pericial de los querellantes que está presentado en un juzgado gallego, juzgado que investiga tanto a De Cabo como a los empresarios querellantes por, entre otras cosas, asociación criminal y supuestamente haber distraído fondos de varias empresas. En dicho informe, el perito explica que las empresas que Ángel de Cabo compró por un euro, empresas que incluyen a las cinco sociedades por las que se sienta en el banquillo por estafa en València, fueron compradas de forma lícita y ajustado el precio a mercado, pues venían con millones de euros de pérdidas.

Las defensas, ejercidas por Juan Carlos Navarro y Andrés Zapata, pretendían que el perito declarase en su condición de fedatario en instrucción y, por tanto, el informe entrara como pericial y no como documental. Pero además, explicaron que “si han estafado aquí, no pueden haber cometido los delitos de los que vienen siendo acusados en Galicia”, pues a su juicio “es incongruente”, ya que el contrato que para la Fiscalía de València es ficticio, no lo es para la gallega.

Fiscalía

En su escrito de acusación, la representante del Ministerio Público expuso que De Cabo se ofreció a gestionar las empresas “a fin de sanear las mismas” y que, “con evidente ánimo de lucro”, convenció a los empresarios Martínez Parra para que le transmitieran las acciones, estipulando el precio en un euro por cada empresa.

Sin embargo, para la Fiscalía, Ángel de Cabo incumplió todos los compromisos adquiridos ante notario con los Martínez Parra con el ánimo “de engrosar su patrimonio” personal con empresas en graves problemas financieros, lo que terminó generando una supuesta deuda de nueve millones y medio de euros al hipotecar 68 fincas, muchas de ellas libres de cargas.

Por todo ello, el Ministerio Público solicita cinco años de prisión para Ángel de Cabo como autor de un delito de estafa, así como dos años y medio para los otros dos acusados como cooperadores necesarios del empresario.

De Cabo

Durante su declaración, Ángel de Cabo dijo que: “Después de siete años se lo voy a decir, mis empleados eran a nómina, pero igual que esos, otros tres o cuatro mil más. Yo no llevaba el día a día de las empresas. Estoy cansado de juicios, no voy a entrar a valorar si lo hacían bien o mal. La prisión me ha hecho una cosa, estoy cansado de aclarar”.

Con respecto a los querellantes, el procesado explicó que “hay falsedades, dicen que me conocen desde 2011 y tres años antes me vendieron una empresa. Nunca me presenté como abogado, tenía contratado un despacho de expertos en concursal”. Y de las empresas por las que se sienta en el banquillo aseveró que las compraba por un euro y pasaban a estar a su nombre porque “tenían pérdidas. Yo compro los hoteles, los gestionan mal ellos, sacan el dinero, la auditoría se entera, la empresa quiebra, va a concurso y se cierra, pero yo no he hecho nada, ni me han llamado los abogados. Éstos dos hermanos son titulares de 75 empresas. La sociedad no ha ido a concurso porque ellos no han querido”. Y apostilló que: “La deuda existía, lo digo yo y todos los auditores”.

Al abogado de la acusación particular, con el que tuvo un serio enfrentamiento verbal que llevó a la presidenta de la Sala a llamarles la atención a los dos, le dijo, “no lo vendí porque la persona que usted representa no quiso. Yo no vacío la sociedad. No he estafado, he garantizado la viabilidad.  Yo sabía que si la mantenía quieta (la empresa) no caería, y de hecho no ha caído. No era necesario el concurso”.