De la impotencia valenciana o cómo ir desmontando la UE

Alguna vez ya lo he comentado, el proceso de creación de las Comunidades Europeas, embrión de la Unión Europea, en la posguerra de la II Guerra Mundial, fue una Estrategia de Seguridad para lograr la paz en una Europa azotada por los nacionalismos centrifugadores, por los totalitarismos y por las dinámicas de los Imperios-Bloques. Pero en aquel momento, con los campos de batalla aún humeantes, surgieron unos políticos como Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Jean Monet, Konrad Adenauer, entre otros, que supieron estar a la altura del momento histórico convenciendo a sus conciudadanos de poner en común los máximos intereses posibles, para así dificultar los enfrentamientos, conflictos y sobre todo guerras, entre países y comunidades políticas.

Es así como en ese proceso de unión económica, social y política las instituciones de la UE, han ido marcando directrices y dictando normas para que todos los países podamos trabajar al unísono alcanzando un porcentaje elevadísimo de nuestro derecho tenga origen en la Unión. Un claro ejemplo de esto se produce en la contratación pública, nuestra última (o mejor dicho penúltima por los continuos cambios que hay) ley de contratos, la ley 9 de 2017 de 8 de noviembre, lleva en su propio enunciado que corresponde a la transposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; y por no citar muchas más, por ejemplo en el ámbito mercantil también la UE es determinante, fíjense la ley 25 de 2009 de 22 de diciembre, llamada Ómnibus, con la que se adapta nuestro ordenamiento a la Directiva 123/2006/CE del 12 de diciembre, denominada Bolkestein, que obligó a modificar casi 50 leyes del Estado (además de los correspondientes Reglamentos, leyes y normas estatales, autonómicas y municipales), y así podríamos estar enumerando un sinfín de normas, tanto del derecho Público como del Privado, fundamentalmente mercantil, que tiene su origen en la UE.

Por su parte, en los Estados miembros de la UE, anteriormente a su integración y fundamentalmente durante el siglo XIX, se produjo e inició un proceso de codificación normativa donde se dejaba atrás los viejos atisbos de las sociedades estamentales del antiguo régimen, provenientes de la edad media, y se creaba un derecho moderno racional y uniforme para todos los ciudadanos igual, y así poder dar lugar primero a los Estados de Derecho que posteriormente darían lugar a los Estados Democráticos actuales. Pues bien todo ese proceso integrador y unificador se está viendo atacado por frustraciones, incapacidades y miedos varios.

Es así como podemos ver últimamente, que uno de los puntos débiles de la UE, y es por eso por lo que nos desgarramos las vestiduras, aparecen particulares o particularísimas normas de los países del Centro y Este de la UE (entre ellos los del famosos del Visegrado) separándose de lo marcado por el consenso europeo, en materia de circulación e inmigración dando lugar a una UE de diferentes velocidades, en donde vuelven a aparecer nuevas fronteras, siendo uno de sus máximos representantes el primer ministro húngaro Viktor Orbán.

Pero, y no se extrañen, aquí acabamos de hacer algo parecido. Les Corts Valencianes han aprobado este miércoles tramitar un inicio de reforma constitucional (con la que está cayendo) para poder así levantar fronteras jurídicas civiles dentro de España (como se ha hecho en Cataluña), a través del desarrollo, o mejor dicho de la invención de un Derecho civil foral propio, pues según el Tribunal Constitucional en Sentencia 82/2016, de 28 de abril de 2016, “Tras los avatares codificadores y la solución dada a la llamada cuestión foral, donde no estaba Valencia, a día de hoy el art. 149.1.8 CE le reconoce competencia legislativa sobre aquellas materias civiles que forman parte de su acervo normativo o consuetudinario antes de la entrada en vigor de la Constitución Española…… siendo vetado a la Comunidad Autónoma valenciana crear un Derecho civil ex novo”, supongo que tan alto tribunal algo sabe de esto, creo yo.

Pero a qué viene este empeño colectivo de tener o inventar un derecho civil valenciano propio y diferente del resto del derecho Común de España, introducido por primera vez en España por Valencia y els Furs de Jaime I y mantenido por la imposición del derecho castellano con origen en las Partidas de Alfonso X (posteriores a nuestros fueros) que recogían también el derecho común (como ya expusimos en un anterior artículo recogiendo la opinión del Decano de la RACV); el empeño viene claramente de la confluencia de múltiples factores (como casi siempre); en primer lugar están los particularismos, como el alimentar ciertos egos que buscan el éxito social en asociaciones y entidades colectivas, al no encontrarlo en sus profesiones, o también la defensa de sus puestos, bufetes y Cátedras, aquellas que impulsó el patrocinador de todo esto (cuando era Conseller) y del que hoy nadie se acuerda porque lo vimos desfilar esposado por las televisiones (cuando era Delegado del Gobierno) ¡que poco agradecida es la gente¡. Si a esto le unimos la frustración colectiva de los valencianos ante la incapacidad de sus representantes políticos, ya sean Tirios o Troyanos, de conseguir una financiación justa, tenemos una combinación perfecta de rabia social y de cortina de humo de los grandes partidos ante sus incapacidades, consiguiendo un mal premio de consolación, que finalmente no servirá para nada.

Bueno, sí que va a servir para algo, además de esa cortina de humo que tape nuestras incapacidades e impotencias y veleidades e intereses personales, va a servir para seguir convirtiendo a nuestra Comunidad en el objeto de estupor y hazmerreir de la Villa y Corte, tras los casos de corrupción, las dimisiones de ministros, ahora en plena crisis política, se van a plantar en Madrid pidiendo que se reforme la Constitución para que se incluya el derecho de autodeterminación/independencia en el ámbito del derecho civil (que eso es en el fondo), toda una manera para que no nos tomen en serio cuando volvamos a reclamar lo que es justo más financiación, pues no hay que cejar en el empeño de exigir lo que es nuestro, y eso sí que es dignidad.; y para rematarlo y sobre todo cuando además se une la palabra modernidad a este derecho civil propio.

Ya que cuando se unen las palabras modernidad-oportunidad-futuro al derecho foral, produce hilaridad, porque respecto al antiguo (ahora inexistente) era tan sexista y machista que los derechos de la mujer quedaban relegados hasta para la sucesión, originando por ejemplo entre otras causas la guerra de la Unión en el siglo XIV, época en la que estaba realmente en vigor, y en el nuevo, el inventado ahora y anulado por el Tribunal Constitucional, también se peca de discriminatorio y machista, por ejemplo en la ley del régimen matrimonial (separación de bienes), pues no ha tenido en cuenta que las mujeres trabajan en menos proporción fuera de casa que los hombres y por tanto son menos independientes económicamente y además, para rematarlo, sufren la brecha salarial, por lo que serían la perjudicadas en caso de divorcio por este derecho civil valenciano ex novo, como así se reconocía hace unos días en el Valencia Plaza, pues el político en cuestión abogaba por "cerrar la puerta al derecho civil regresivo" y "anacrónico" pues éste perjudica principalmente a las mujeres, tal y como, a su juicio, sucedía con la ley de régimen matrimonial, que establecía por defecto la separación de bienes , Manuel Mata dixit.

Por eso, y esperemos que no ocurra, cuando lloremos todos la muerte de la UE y la enterremos (que bien se entierra en este país) no lloren mucho ustedes, pues con esta decisión de Les Corts se ha dado un pequeño paso a la inversa, de aquellos pequeños pasos o “realizaciones concretas” para avanzar en la integración europea que en la declaración Schumann se reclamaban, en fin… que nadie la mató y ella sola se murió.