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Apertura del año judicial en la Comunitat Valenciana

De la Oliva pide medios para dar respuesta judicial a los daños por la DANA

16/10/2019 - 

VALÈNCIA (EFE). La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, ha recordado hoy, durante su discurso de Apertura del Año Judicial 2019-2020, que las lluvias torrenciales provocadas por la DANA en la Comunitat harán necesario aumentar la planta judicial para que los perjudicados por los daños materiales no sufran, además, retrasos en la respuesta judicial.

"Hace escasos días nos vimos sorprendidos por las inundaciones provocadas por la DANA en varias zonas de nuestro territorio", ha recordado antes de citar cómo en Orihuela, uno de los municipios más afectados, se produjo la suspensión de unas 100 vistas.

"Estas lluvias han puesto de manifiesto la deficiente situación de diversos edificios y la necesidad de construir palacios de Justicia en poblaciones como Onteniente o Alicante", ha explicado antes de señalar que las lluvias torrenciales también han producido multitud de damnificados y cuantiosos daños materiales, todo lo cual va a suponer un aumento de trabajo para los jueces en el orden civil y contencioso administrativo.

"Será necesario aumentar la planta judicial para dar cumplida respuesta a estos problemas y evitar que, a las penalidades sufridas por los damnificados, no se añada la tardanza en la respuesta judicial", ha señalado.

De la Oliva ha insistido, como ya ha hecho en anteriores celebraciones de la Apertura del Año Judicial en la Comunitat Valenciana, en que además de más medios materiales y humanos, son imprescindibles reformas estructurales para garantizar los derechos de los ciudadanos y para contribuir al crecimiento económico, con nuevas leyes procesales más ágiles y la introducción de las nuevas tecnologías en el proceso judicial.

"Es necesario que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y la Conselleria de Justicia trabajen juntos en esta línea", ha establecido De la Oliva ante las decenas de magistrados, fiscales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad presentes en el salón de Actos de la Ciudad de la Justicia, además de la propia consellera de Justicia, Gabriela Bravo, también fiscal de carrera y ex vocal del propio CGPJ.

 De la Oliva ha aludido en su discurso a la experiencia de extender la jurisdicción sobre violencia de género del Juzgado exclusivo de esta materia de Villarreal a Nules y Segorbe y la ha valorado como "positiva". "Debe conseguirse que la materia de violencia de género sea conocida por juzgados exclusivos", ha insistido.

En el acto, también ha intervenido la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, quien ha reivindicado la "magnífica" labor que están realizando los 254 fiscales de este territorio en todos los órdenes.

Además, ha pedido la derogación de dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el 416, que dificulta la obtención de pruebas en materia de violencia de género, y el 324, que al acortar los períodos de instrucción, dificulta la investigación judicial de casos de corrupción y también genera espacios de impunidad.

"Urge la derogación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la dispensa que permite para no declarar contra un familiar en casos de violencia de género, y que en realidad lo permite para cualquiera en relación con un familiar, pero genera efectos perversos en estos casos de violencia de género", ha declarado Gisbert a los periodistas tras el Acto de Apertura del Año Judicial.

"Es una norma de 1822, no responde en absoluto a la sociedad actual, además no tiene sentido que, si es la mujer quien ha denunciado, después pueda no prestar declaración", algo que en los casos en los que el único testimonio es el de la mujer, "nos deja a los fiscales sin ningún medio de prueba", ha declarado.

En cuanto al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también urge su derogación por la impunidad que está provocando en asuntos especialmente complejos de delitos económicos y de corrupción política al imponerse una limitación temporal al juez de instrucción y a los fiscales para investigarlos. 

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