Foto: JORGE GIL/EPExisten instituciones que hoy por hoy no suscitan réplicas y sus dictámenes suelen ser admitidos sin cuestionamientos. Si el Instituto Nacional de Estadística da datos sobre diversos temas se acepta generalmente sin discusión. El padrón de habitantes, los índices de natalidad, la esperanza de vida, etc. son admitidos como verdades circunscritas a las realidades estudiadas. Igual que se admite el índice de inflación o la renta per cápita. Cuando las autoridades sanitarias emiten un comunicado sobre epidemias o enfermedades suelen tener un respaldo social que las autoridades hacen suyo. No obstante, el cuestionamiento y el relativismo va impregnando también lo que hasta ahora se daba como objetivo. Hay, sin embargo, asuntos que se prestan al debate y al cuestionamiento de lo publicado. Es el caso de las encuestas previas sobre las tendencias electorales, y así hemos visto como el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) que dirige José Félix Tezanos, catedrático jubilado de Sociología en la UNED, ha perdido en los últimos tiempos su credibilidad. Tal vez porque el director de esta institución no sea competente en el tema o porque está vinculado al PSOE, del que ha formado parte de su ejecutiva federal, y exista una prevención sobre los resultados publicados, sobre todo cuando se comparan con los datos finales.
En los medios de comunicación españoles seguimos todavía en el siglo XIX, atribuyéndoles una determinada línea política de opinión e información. Prensa, digitales, radios o televisiones están marcados por tendencias que suelen clasificarse de izquierdas o de derechas, con sus respectivos matices de cada uno, considerando que algunos están más escorados hacia una mayor radicalidad en uno u otro sentido. No veremos un artículo contra la monarquía en Abc, y sí encontraremos un enconamiento contra el gobierno del PSOE-UP en un diario que se tilda de liberal como El Mundo. El País reflejará los éxitos del socialismo y las noticias que afecten negativamente a la derecha, especialmente si son de Vox. Los medios son empresas que, en ocasiones, se deben a sus propietarios si hay que decidir uno u otro titular. Pero hay que contar con el factor humano, y no todos los profesionales de los medios actúan como correa de transmisión, procuran exponer o comentar las noticias con la mayor objetividad, pero tienen presente, en todo caso, las referencias de la propiedad. Pasa lo mismo con la Ser o la Cope.
Todavía no se ha alcanzado el estatus de diarios como The New York Times, el Washington Post, The Guardian, The Times o el Franfurter Allgemeine Zeitung y en cierta medida Le Monde o televisiones y radios públicas como la BBC. En gran parte son considerados plataformas de información y opinión que, en general, están por encima de la propiedad pública o privada puesto que lo esencial es la credibilidad y el reconocimiento de los ciudadanos ante su trayectoria. Es decir, han adquirido una condición de ser portadores de una información generalmente veraz y de una opinión plural. Solo el expresidente Donald Trump se atrevió a discutir su papel y utilizó la emisora Fox News para distribuir sus consignas políticas, e incluso amenazó a la NBC con quitarle la licencia por considerar que había difundido una noticia falsa al proclamar que el republicano quería aumentar diez veces el armamento nuclear de EEUU. Igualmente mantuvo una oposición contra la CNN y utilizó la red social Twitter para difundir sus opiniones y marginar a los medios tradicionales. A partir de la derrota electoral se distanció de Fox por no seguirle en su acusación, sin pruebas, de fraude de las elecciones que ganó Joe Biden, y se vinculó, con gran parte de los líderes republicanos, a la cadena Newsmax TV que no estaba entre las punteras.
En los medios autonómicos o locales españoles la situación es muy parecida, y en ocasiones con la crisis iniciada en 2008 las condiciones han empeorado, empezando por la regulación de las plantillas. Los periodistas han pasado, y pasan todavía, una época dura de falta de trabajo y se han blindado en función de quien los contrataba para parecer profesionales que no se implicaban en las estrategias políticas. Se tiene la impresión de que el periodista cree en pocas cosas porque su trabajo le lleva a que cada día haya una noticia nueva que se discute, o un montón de opiniones sobre las mismas, lo que le conduce a un permanente relativismo. Además, ven los sueldos de determinados personajes públicos mientras ellos tienen dificultades de llegar a fin de mes. Algunos se han refugiado en los gabinetes de comunicación de las Instituciones como una manera de tener un sueldo seguro. La prensa tradicional, las radios o los nuevos digitales en algunos casos han derivado en estar a bien con el poder establecido y recibir la publicidad que les libre de una situación económica desfavorable. Es verdad que no todos son iguales y algunos mantienen un tono de pluralidad que permiten recoger opiniones diversas y confrontar la información con datos fiables. Existen periodistas con una buena formación intelectual que tienen presente que, por encima de sus legítimas simpatías políticas o sociales, deben realizar la crítica sobre cualquier tema con la profesionalidad que se les exige. Es curioso, por ejemplo, que OKDiario, al conocerse que José Manuel Villarejo proporcionaba datos no contrastados de Unidas Podemos que perjudicaban su imagen, haya justificado que los había divulgado porque la Ser los difundió.
En esta Comunidad hemos visto el tratamiento desigual que los medios locales y autonómicos han dado a la dimisión de la vicepresidenta Mónica Oltra. Lo mismo que se ha pasado de puntillas sobre el presidente de la Diputación Francesc Antoni Gaspar Ramos, quien se ha inhibido sobre si era presentable el premio de novela que recibió el director de Alfons el Magnànim, Vicent Flor, antiguo militante de Unió Valenciana y hoy en el entorno de Compromís, concedido por un jurado formado por integrantes vinculados a la institución. Los nacionalismos de derechas o izquierdas acaban confluyendo. O cómo se han dado por válidos, con pocos comentarios, los integrantes del Consell Valenciano de Cultura, vinculados a las organizaciones políticas sin más referencias.
