VALÈNCIA. Los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de València coinciden en la necesidad de limitar la vivienda turística por zonas, la necesidad de contratación de más inspectores para aflorar los alojamientos ilegales o la necesidad de colaborar con las plataformas de anuncios. Así lo señalaron este miércoles en un debate en el Paranimf de la Universitat de València con los representantes de las formaciones políticas con representación en el consistorio en el que debatieron sobre las propuestas de regulación de los apartamentos turísticos de la ciudad. A él asistieron María José Ferrer San Segundo (PP), Carlos Galiana (Compromís), Narciso Estellés (Ciudadanos), Emiliano García (PSPV-PSOE) y Ana Bedrina (Podem).
El encuentro fue Organanizado por la Cátedra Institucional de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universitat de València con la colaboración del Vicerectorat de Cultura i Esport y del periódico Valencia Plaza. La moderación corrió a cargo de Adrián Todolí (codirector de la Cátedra de Economía Colaborativa) y Javier Alfonso (director de Valencia Plaza). Entre los numerosos temas que se abordaron los participantes explicaron algunas de las propuestas de sus partidos para poder desarrollar la ordenación que la Ley autonómica deja en manos de los consistorios.
María José Ferrer San Segundo, en representación del PP, recordó que en su caso no apoyaron la normativa autonómica al no estar de acuerdo con la solicitud de la compatibilidad urbanística en los municipios, requisito que han asegurado que eliminarán si llegan al Gobierno de la Generalitat. "Los ayuntamientos no saben cómo hacerlo y eso causa problemas". La eliminación de la compatibilidad supondría la prestación del servicio de todos aquellos apartamentos que cumplieran los requisitos mínimos marcados por la Generalitat. "Hay que generar un equilibrio entre la legalidad, libertad y la convivencia", insistía, además de recalcar que no se puede hacer "una regulación a la gruesa". "No todos los apartamentos tiene la misma tipología".
Carlos Galiana, en representación de Compromís, apuntaba a la necesidad de ser conscientes de la existencia de un problema en la ciudad de València "que afecta a la convivencia y al precio del alquiler". Entre las propuestas, un nuevo registro de la ciudad, ya que el actual de la Generalitat no se ajusta a la ley al contemplar viviendas que según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no se encuentran dentro de la legalidad, por lo que en el nuevo registro todas deberían contar con el certificado de compatibilidad urbanística. Esto supondría que fuera una norma retroactiva.
Mientras, Narciso Estellés, de Ciudadanos, apuntaba a la necesidad de dar un tiempo a los propietarios y realizar campañas informativas para dar a conocer la nueva normativa. Ana Bedrina, de Podem, también opinaba la necesidad de regular en igualdad a todos los departamentos y en retroactividad, porque sino no se solucionaría el problema. "El 50% de los apartamentos en València no siguen el PGOU", señalaba. "El registro municipal sería muy útil para que se llevara esa regulación".
No obstante, insistía en que no todos los propietarios son iguales y recalcaba la necesidad de diferenciarlos. "Algunos solo alquilan su vivienda habitual cuando no están en casa. Deberían tener una normativa diferencial a los grandes tenedores", señalaba. Mientras, Estellés insistía en que la regulación y ordenanza debe ser igual para todos mientras que Ferrer San Segundo opinaba que "es un tema que no podemos parchear". Mientras, Galiana insistía en la necesidad de incidir en las diferencias y limitar a los grandes que compren fincas enteras.
"No hay turismofobia en la ciudad, el 42% de la población está a favor del turismo, pero no del descontrol", señalaba Galiana. "Tenemos que limitar y ver zonas", apuntaba el represente de Compromís. En general, todos los partidos coincidían en que la situación de Ciutat Vella, Russafa y el Cabanyal es diferente al resto de la ciudad y son barrios más saturados de apartamentos. "Según las zonas, repercute más o menos en las ciudades y barrios. Puede ir de masificación a expulsión de residentes y hay que analizarlo", aseguraba Estellés. "La clave es intentar tener todos los datos posibles. Con la información, primero habrá que eliminar la legalidad y luego habrá que aplicar las medidas del PGOU según estén saturados o no", señalaba Estellés.
Bedriana señalaba que para determinar los barrios vulnerables un observatorio de la vivienda podría ser una herramienta útil. Entre los criterios que destacó como uno de los filtros los equipamientos de los barrios, al entender que el turismo consume salud y transporte restringiendo los derechos de la población residente. También la situación demográfica, donde ponía como ejemplo El Cabanyal, donde hay una gran masa de población de personas mayores.
Emiliano García, número 2 del PSPV, insistía en que el turismo tiene que ser sostenible. "Para que una sociedad sea deseada por nuestros turistas tiene que ser aceptada por los conciudadanos. La calidad del bienestar es fundamental", señalaba. Recordaba las limitaciones marcadas en Ciutat Vella y las propuestas en el PEC del Cabanyal, actualmente en fase de alegaciones, donde se limitan a un 30% de viviendas turísticas por manzana.
Bedrina señalaba que la situación choca con el derecho a la vivienda. "València es una de las ciudades donde más ha subido el alquiler y no se encuentran alquileres de larga duración", destacaba. "Creemos que hacen falta medidas contundentes". La representante de Podem también apuntaba al establecimiento de una moratoria de licencias hasta que no haya un plan que concrete por barrios la cabida de apartamentos turísticos.
Galiana también enfatizaba la subida de precios del alquiler y señala la moción por parte del alcalde para poder limitar los alquileres. Para solucionar el problema de los alquileres, todos los partidos apuntaban a la necesidad de vivienda pública. García recordaba que todos los PAI tienen que tener un 30% destinadas para ello y el plan del Gobierno para generar 1.000 viviendas de alquiler público.
"La vivienda se ha puesto imposible en València. ¿De dónde viene ese problema? Sería una parte todavía pequeña lo que influye en apartamento turístico", aseguraba la representante del PP. "Falta vivienda pública. Hay que potenciar la creación de viviendas de colaboración público privada y licencias express". "Los dos barrios de València que más han subido ha sido Extramurs y L’olivereta. El primero tiene un 10% de apartamentos y el segundo un 2%", señalaba Estellés, señalando que iban a demostrar que esta subida no estaba directamente relacionada con los apartamentos turísticos.
La necesidad de entenderse con los vecinos
¿Debería ser retroactiva la norma? Ferrer San Segundo insistía en que el PP está a favor de una regulación, pero "hacerlo en un marco de seguridad jurídica". "No se puede hacer una aplicación de la economía turística a través de planes de protección. Se tendría que hacer antes una modificación del PGOU, donde también se deberían incluir otros aspectos como la conciliación entre vecinos y apartamentos", señalaba. "Hay que ir por zonas y dimensionarlo".
Galiana apuntaba a la creación de un observatorio de ocio y turismo en el que está incluida la Federación de Hostelería de Valencia, las asociaciones vecinos y con la finalidad de que una persona externa sea quien lo dirija. "Queremos promover un tipo de turismo responsable en la ciudad", aseguraba García. "Queremos una percepción del turismo amable".
Estellés aseguraba que antes que llegar a la sanción abogamos por el agente mediador del ruido y la convivencia y con el corazón de los barrios. Todos los representantes coincidían en la labor esencial de control de la policía local y de aumentar los efectivos. García señalaba el Consell Local de Turisme como un buen instrumento para todas estas cuestiones. "El objetivo es mejorar al integración de las viviendas turísticas en el modelo valenciano", aseguraba.
La representante de Podem recordaba que, dentro de su programa electoral, hemos acogido la propuesta de la Federación de vecinos que sean las comunidades de vecinos los que puedan vetar los apartamentos turísticos. "Estamos proponiendo que se cree una oficina especial para que se atienda todo lo relacionado con el turismo", señalaba Ferrer San Segundo. Galiana también apuntaba a la posibilidad de que el responsable subsidiario del conflicto con un apartamento turístico fuera el dueño del mismo y no solo el inquilino.
Bedriana insistía en que el turismo tiene impactos positivos, pero también negativos, por lo que la tasa turística puede ayudar a reparar el impacto negativo del turismo reinvirtiendo el dinero. "Es una corriente en toda Europa y creemos que es fundamental que se instale en la ciudad de València", señalaba. García aseguraba que, si se pone en marcha, tendría que revertirse en el propio turismo por el desgaste que produce. "Tendría que ser un tasa finalista pero es incipiente. No estoy con el modelo de Baleares ni Barcelona, pero se debería hablar y ponerse de acuerdo", señalaba.
Galiana aseguraba que en su caso se han manifestado a favor de la tasa para mejorar los servicios municipales. "Existe en muchas ciudades europeas", recalcaba. Ferrer San Segundo reconocía que a día de hoy están en contra pero que todavía no se ha explicado justificación en València y si tendría un sentido finalista. "Esa tasa tiene que tener un consenso entre fuerzas políticas y que revierta en la propia ciudad", destacaba Estellés.
