La mano derecha de Puig declara ante la juez que desconoce el aval de la Generalitat a Valmor 

VALÈNCIA. La declaración de Andreu Ferrer ante la juez de la Fórmula 1 este miércoles no arrojó mucha luz sobre los hechos que se investigan. El secretario autonómico de Presidencia y mano derecha del jefe del Consell, Ximo Puig, acudió en calidad de testigo para asegurar que desconoce cualquier detalle sobre el contrato por el que la Generalitat sustituyó a Bancaja como avalista de la empresa Valmor en la organización del Gran Premio. 

Su citación fue acordada por la magistrada junto a la de la directora general de la Abogacía, María José Rodríguez Blasco (la cual se ha suspendido), tras la petición de la defensa del expresidente Francisco Camps, único investigado en esta pieza, para que ambos explicaran por qué mantenían la acusación contra él cuando la Fiscalía Anticorrupción no aprecia delito.

Según fuentes conocedoras de la comparecencia, indicó que los hechos en los que se indaga no son de su competencia y que desconoce el procedimiento, por lo que no podía aportar ningún dato al no haber estado presente en las decisiones sobre el contrato. 

Todo este asunto viene del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de octubre de 2019 para que el juzgado continuara con la investigación en lo relativo a las posibles consecuencias jurídicas y susceptibles de reclamación que podría haber tenido para la Generalitat que se le hubiera exigido el cumplimiento de las obligaciones conforme al derecho inglés. 

Tanto el abogado de Camps, Pablo Delgado, como la Abogacía de la Generalitat presentaron un informe al respecto. En este último se concluía que "no ha habido intención de resolver el contrato principal a pesar del no cumplimiento de la condición suspensiva en la medida en que, incluso sin ella, el contrato se ejecutó consensualmente por todas las partes".   

Una tesis por la que la defensa del exjefe del Consell considera que se implica directamente a Ximo Puig. En su opinión, si los contratos de 2011 siguen vigentes hasta diciembre de este año y ese es el motivo por el que la Abogacía mantienen la acusación contra Camps al entender que generaron un perjuicio a las arcas públicas, habrían de extender la responsabilidad al actual presidente de la Generalitat. 

Por su parte, fuentes de Presidencia se limitan a responder que lo expuesto "es totalmente falso".