Inicio del juicio. Foto FERNANDO ALVARADO/EFEVALÈNCIA. El Partido Popular dirigido por Francisco Camps hizo trampas en las elecciones. Este martes se hacía pública la sentencia que dejará para la posteridad la firmeza de un hecho ahora ya incontestable y firme, que el PP valenciano se presentó dopado a las elecciones autonómicas y generales de 2007 y 2008 con Camps como cabeza de lista.
El fallo es firme y contra él no cabe recurso. Los magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional utilizan 149 páginas para explicar y fundamentar las penas, así como para contestar a los diferentes recursos de los condenados, pero solo necesitan una línea para explicar lo sucedido. En la página 27, en la parte de “hechos”, dicen “se aceptan los hechos probados de la sentencia apelada”. Nueve palabras que dan al traste con años de explicaciones, excusas y reinterpretaciones de la realidad hechas por Camps, y otorgan firmeza a la sentencia del magistrado José María Vázquez Honrubia.
Así, las penas por delito electoral y falsedad documental se quedan como estaban en la primera sentencia donde el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa fue condenado a cuatro años de cárcel; el que fuera mano derecha de Costa en el partido, David Serra, a tres años y ocho meses; la extesorera del partido y exdiputada Yolanda García a cuatro meses y la gerente del PPCV, Cristina Ibañez, a tres años y cuatro meses de prisión. De hecho, el único miembro del PPCV que salió bien parado del caso fue el exvicepresidente, Vicente Rambla, que fue absuelto.
Por su parte, los líderes de la trama Gürtel también fueron condenados, y sus penas ahora ratificadas. Francisco Correa a 5 años y tres meses de prisión; Pablo Crespo a 5 años de cárcel, y Álvaro Pérez 'El Bigotes' a seis años y nueve meses por girar facturas falsas para que otros empresarios sufragasen ilícitamente parte de los actos electorales de los 'populares'. Los empresarios ‘pagadores’ salieron airosos con tan solo una multa tras alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.
El fallo da como probado que el PPCV financió parte de las citadas campañas, organizadas por la trama Gürtel, con dinero en "B" y facturas falsas pagadas por empresarios que pagaron algo más de 1,2 millones para financiar a la formación regional.
Dijo el juez, y ahora lo certifican otros tres magistrados, que para organizar las campañas de 2007 y 2008, el PP valenciano contrató a la mercantil del Grupo Correa llamada Orange Market y que, para desarrollar sendas campañas, los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida del gasto electoral prevista por la ley y recurrieron a empresarios.
Aseveran los magistrados que: “con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PPCV , cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad”.
El método utilizado para financiarse en B según la sentencia era que, los “responsables del PPCV decidieron que el precio de los servicios prestados al partido por Orange Market sería realmente abonado por empresarios simpatizantes y beneficiarios de adjudicaciones de obra pública, los cuales aceptaron este acuerdo con la esperanza de obtener una posición ventajosa en futuras adjudicaciones”.
Y añaden que “así se ideó un sistema para que los empresarios pagaran a Orange Market servicios prestados por esta al PPCV, y este sistema consistía básicamente en el pago de cantidades en metálico y en dinero B y en el pago de cantidades que se justificaban con unas facturas que no respondían a la realidad, porque el servicio reflejado en las mismas no había sido prestado al destinatario de la factura (empresarios), sino al PPCV”.
En cuanto al partido, dicen que: “Cristina Ibáñez presentó rendición de cuentas electorales a la Sindicatura de Comptes indicando como único gasto electoral satisfecho a Orange Market 175.000 euros por organización de actos de campaña, omitiendo deliberadamente que dichos gastos habían ascendido, al menos, a 1.155.231,43 euros”.
El juicio cuya sentencia ahora se ha ratificado tuvo tres momentos clave. El primero fue la cantada de los empresarios, el segundo la declaración inculpatoria de Álvaro Pérez, y el tercero, y momento estelar del juicio, la asunción de culpabilidad de Ricardo Costa. Fue la primera, y hasta ahora única vez, que un dirigente del Partido Popular ha reconocido las trampas realizadas por el partido. De hecho, su comportamiento “ejemplar”, a juicio del juez, ha desembocado en la suspensión de su entrada en prisión a cambio de un año de servicios comunitarios y una multa de 267.000 euros.
