VALÈNCIA. La defensa del empresario Augusto César Tauroni, principal imputado junto al exconseller Rafael Blasco en el juicio del caso Cooperación comenzó su alegato final explicando porqué han llegado a un acuerdo de culpabilidad en lugar de buscar la absolución. Este juicio juzga las presuntas irregularidades en diez contratos con diversas ONG por un valor de cinco millones de euros, así como la subvención otorgada para la construcción de un hospital en Haití.
José Vicente Gómez Tejedor alegó: "Vamos a pedir que se dicte sentencia conforme a la conformidad firmada, pero puede haber puntos que la sala puede revisar que reducirían la pena. De no haber existido este acuerdo de conformidad diríamos que la sala debería alcanzar el hecho de que no existe prueba de cargo sin saltarse la presunción de inocencia. Esas irregularidades nunca hubieran pasado de lo administrativo, pero tenemos un acuerdo y lo vamos a respetar por prudencia procesal".
Y acto seguido prosiguió diciendo que Tauroni fue condenado por "los mismos hechos en abstracto que aquí se juzgan". Reiteró que, a su juicio, es la misma situación, solo cambian los expedientes. "De aquella condena de seis años, Tauroni estuvo cuatro en prisión en preventiva y dos años más condenado como reo. Cumplió los seis años a pulso".
Y fue en ese momento cuando explicó que, aunque podían hacer tratado de buscar la absolución, prefirieron llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. "El Supremo dijo que la condena por todas las piezas no podía superar los ocho años porque debía tratarse como si fuera un delito continuado con un umbral de ocho años máximo. A pesar de ello, mi mandante ha aceptado una condena que supera ese tiempo. El temor a lo peor ha superado la esperanza de lo mejor y por eso hemos pactado" apostilló a este respecto.
Gómez tejedor hizo una intervención muy técnica. A la coordinadora solo le dedicó una frase: "en la relación a lo dicho sobre Joaquín Blasco por la acusación popular de que es una vergüenza que no esté sentado en el banquillo, hay que recordar que las acusaciones apoyaron el sobreseimiento en instrucción contra su persona".
Tras eso, entro a valorar la prueba practicada durante el juicio. Estuvo varios minutos recordando lo dicho por el interventor general de Estado. Explicó que "dijo aquí que su pericial había versado sobre los expedientes administrativos desconociendo si era toda la información que había, cosa que se ha demostrado que faltaba documentación". Y continuó diciendo que dijo algo que "nos parece el nudo gordiano", que no todos los proyectos estaban iguales en cuanto a la ejecución.
"Los había ejecutados, otros en ejecución y otros comenzando. Nos dijo también que en relación a la oficina técnica de Haití estaba justificado todo en el proyecto. Aseguró sobre las facturas proforma presentadas por la ONG que no eran falsas ni falsificadas, que eran inveraces porque no existe relación entre el trabajo y el precio, que le parecía exagerado, pero que no había comparado las facturas para hacer esa afirmación", concluyó sobre este punto.
Sobre los dicho por las diferentes acusaciones, expresó que el Ministerio Fiscal ha sido razonablemente consecuente con el acuerdo alcanzado, pero que no compartía las tesis de las otras acusaciones. "Los argumentos de la Abogacía son técnicamente insostenibles, no tienen soporte legal alguno. Es un planteamiento surrealista y, cuanto menos una grosería jurídica. Pidieron que <<por favor se aparten de las conformidades>>, los abogados pedimos que se haga Justicia, no que por favor se aparten de las conformidades. Pero, además, ellos se unieron a la conformidad de Alina. ¿Acaso el resto de los acusados son peores? ¿Sólo se le puede aplicar a ellos?".
Aseveró que si de lo que se trata es de esclarecer hechos incriminatorios, con la confesión se están reconociendo. Y agregó que no existe suficiente prueba de cargo. En cuanto a la reparación del daño, alegó que la posibilidad de disminuir los efectos del daño causado "no puede quedar a la arbitrariedad de la Generalitat. Trata de engañarnos, esto no puede quedar a la decisión de una de las partes. Existe voluntad reparadora, aunque no haya aceptado la Generalitat los bienes".
Gómez Tejedor recordó que Tauroni ofreció antes del juicio 122.000 euros de costas procesales que "este letrado no va a cobrar para disminuir el daño que se haya podido causar". Y aseguró que "no es cierto que los bienes ofrecidos, los apartamentos en Miami y el barco, con un valor de 2,4 millones, hayan sido ya embargados. Pertenecen a una sociedad norteamericana y las autoridades americanas no han intervenido".
Al igual que Javier Boix, Gómez tejedor entró a valorar la petición del delito de organización criminal. "Tratan de convertir a martillazos asociación ilícita en organización criminal, cuando los hechos se produjeron antes de la reforma del Código Penal. Es un fracaso técnico, no es de aplicación esa reforma del CP", aseguró al tribunal.
Sobre el dinero defraudado y las posibles responsabilidades civiles explicó que "aquí solo cabe hablar cantidades malversadas. La Abogacía hace una valoración indirecta. Parece que era obligación de las defensas probar lo que dice la acusación. Dice que las defensas deben determinar lo que no se ha malversado y se queda más ancha que larga. No es trabajo de las defensas decir cuánto se ha defraudado, y mucho menos de la Sala calcularlo".
Y apostilló diciendo: "el planteamiento de la Abogacía solo puede ser por un afán desmedido de notoriedad o por un planteamiento de cara a la galería porque el dinero llegó a su destino, y le recordó que en 2016 la propia Abogacía dijo en sede judicial que los proyectos se ejecutaron, al menos en parte. Si se hubiera podido probar que nada se hizo, la RC coincidiría con el importe de las subvenciones, pero no ha sido así porque los proyectos se ejecutaron total o parcialmente".
Por último, y para terminar su hora y veinte minutos de alegato, aseveró que Tauroni ha tratado de mantener los apartamentos para poderlos entregar, ya que siempre ha exteriorizado su intención de devolverlos, y esa actitud "debe ser ponderada por el tribunal".
Gómez Tejedor expuso que "así lo dice el Supremo. Si Tauroni entrega todo lo que tiene y pone a disposición las costas eso es significativo y relevante. Lo que tenía lo ha puesto a disposición". Y concluyó diciendo que "no hay que poner impedimentos a la voluntad reparadora, que además ha sido voluntaria. El esfuerzo de Tauroni no tiene parangón con ninguna realizada por el resto de los acusados, más aun teniendo en cuenta los seis años de privación de libertad".
