La defensa de la exsecretaria del PP de València dice que "no hay un indicio" contra ella

VALÈNCIA (EP). El abogado de la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento de València Mari Carmen García Fuster ha alegado prescripción del delito de cohecho achacado a su representada en la pieza A del caso Imelsa al tiempo que ha subrayado que "no hay un solo indicio" contra ella de "ninguna irregularidad". "No hay pruebas contra mi cliente, son imposibles", ha insistido.

Así se ha pronunciado el letrado durante la exposición de su informe en el juicio que se sigue en la Audiencia por la pieza A de Imelsa, en relación con una presunta financiación irregular en las campañas electorales del PP de València en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas. En este procedimiento hay cuatro acusados: Garcí­a Fuster; el exvicealcalde Alfonso Grau; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.

El letrado ha pedido la absolución para su representada y ha aludido, en primer lugar, a la prescripción del delito de cohecho. A este respecto ha indicado que no fue hasta diciembre de 2022 cuando se le comunicó a García Fuster que podía ser investigada por un delito de cohecho. "Y fue en el auto de apertura de juicio oral", ha concretado.

Desde el inicio de la causa y hasta entonces, ha dicho, "se dieron 10 acciones en las que se pudo dirigir la acción contra ella y no se hizo. Únicamente se le acusaba por un delito de blanqueo de capitales, que fue archivado posteriomente por la Audiencia", ha recordado.

"Nunca --ha insistido-- se dirigió el procedimiento contra ella por cohecho ni hubo una resolución motivada contra ella como responsable de este delito, con lo que estaría sobradamente prescrito".

En cualquier caso, en relación con los ingresos que hizo García Fuster en una cuenta que tenía el grupo municipal procedentes de donativos, el letrado ha indicado que se recibieron en 2010 y se ingresaron en 2011: "Una cosa era cuándo se daba el donativo y otra cuándo se ingresaba en el banco", ha aclarado.

Y ha añadido: "García Fuster acumulaba los donativos, iba disponiendo de ellos según la necesidad del momento, algo lógico, razonable y coherente. En este caso, al ser donaciones de 2010, el delito de cohecho también habría prescrito", ha subrayado.

En general, el letrado ha destacado que no hay ningún ilícito penal contra García Fuster en 2007 "y tampoco en la campaña de 2011". Así, ha lamentado que "por parte de las acusaciones se haya intentado salvar a la desesperada el cohecho. Lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible", ha subrayado. "Las pruebas son imposibles, no existen", ha añadido.

Por otro lado, ha aclarado que la acusada no era autoridad ni funcionario público en el momento de los hechos por cuanto las entregas que recibía de donaciones no eran por su cargo o función: "Muchos donantes no conocían a García Fuster. No se da un enlace causal entre la entrega de la dádiva y el carácter público del receptor", ha apostillado.