Defensor del Pueblo denuncia que los casos de menores tutelados no han sido "transparentes"

VALÈNCIA (EP). El Defensor del Pueblo considera que los casos de abuso y explotación sexual en menores tutelados no han recibido un tratamiento "transparente, ordenado y sistemático", según se desprende del Informe Anual de la institución correspondiente a 2023, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

A juicio de la institución, cada Administración debe disponer de una información "sistematizada y lo más completa posible sobre la realidad a la que se enfrentan, a fin de diseñar las herramientas y procedimientos de actuación más adecuados para su uso por los servicios de protección de menores".

Asimismo, añade que en la mayor parte de los casos comunicados, el menor se encontraba con una medida de acogimiento residencial y destaca que la detección de los casos se produce, "en un elevado número", por los educadores de los centros.

Por lo que respecta al sexo de la víctima, explica que han sido mayoritariamente niñas (81,4%) y la horquilla de edad que presenta más frecuencia de casos se sitúa entre los 14 y los 17 años.

Igualmente, el informe precisa que el Defensor del Pueblo "sigue trabajando al objeto de conocer el desarrollo y los resultados de nuevas medidas o herramientas que se están desarrollando por las distintas Administraciones Públicas".

También indica que en los datos facilitados destacan en número las agresiones y abusos sexuales, si bien se hace mención a un número considerable de casos de explotación sexual, o incluso trata de seres humanos. Además, aparecen reflejadas otras formas de agresión son indicadas en los informes recabados, como la difusión de videos con contenido sexual y otros contenidos en redes sociales, algún caso de relaciones consentidas con adultos, o el intercambio de bienes materiales por favores sexuales.

En concreto, expone que Canarias ha denunciado once violaciones y Castilla-La Mancha cifra en ocho las violaciones producidas bajo sumisión química, siempre en el período plurianual de referencia.

En todo caso, el informe precisa que todas las comunidades autónomas tienen previstos programas de evaluación, diagnóstico y tratamiento, para apoyar a las menores víctimas de explotación y abuso sexual.

El informe recuerda que en el correspondiente al año 2022 se mencionaba el inicio de una actuación de carácter general con las administraciones competentes en materia de protección de menores, con el fin de conocer la experiencia en cada territorio con relación a los casos de menores que, encontrándose en régimen de protección, habían podido ser víctimas de abusos o de explotación sexual.

Esa iniciativa partía de la "preocupación" generada tras conocerse una serie de casos revelados en varias comunidades autónomas (Islas Baleares, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid), en los que las víctimas eran total o parcialmente menores de edad en régimen de protección pública y, concretamente, acogidos en centros residenciales.

Respuestas

A lo largo de 2023, el Defensor del Pueblo explica que ha seguido recibiendo las respuestas de las diferentes administraciones autonómicas competentes y del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, si bien el contenido de las respuestas recibidas es desigual. La finalidad al recabar los datos era conocer su correlación con las políticas públicas desarrolladas de carácter preventivo, protector, de persecución del delito o promotor de la coordinación entre los distintos agentes implicados.

Según el Defensor del Pueblo, la información facilitada es "irregular y expresiva de que esta problemática, hasta hace bien poco, no estaba adecuadamente atendida o, al menos, no disponía de los instrumentos de análisis necesarios". El principal escollo se encuentra en el dimensionamiento de los casos de abusos y de explotación sexual entre los menores protegidos.

El informe no recoge datos de la Comunitat Valenciana. De hecho, señala que varias administraciones han aportado los datos globales con los que cuentan, sin extraer de ellos estrictamente los solicitados, "lo que no permite una correcta interpretación, al desconocer los criterios utilizados para su configuración", como es el caso de esta autonomía.

Además, señala que la "falta de homogeneidad" de las respuestas afecta también al período temporal objeto de análisis. Es el caso de la Comunidad Foral de Navarra que aportó datos correspondientes al período 2018 a 2022; la Comunitat Valenciana, cuya información iba referida al período de junio 2020 a mayo 2022; o el Consejo Insular de Menorca, con datos de 2019 a junio de 2022. En los casos de Andalucía o de Canarias no se indica el período escogido. La Diputación Foral de Guipúzcoa, por su parte, señaló que, tras la solicitud de información de esta institución, había iniciado la labor de cuantificación, a partir de 2021.