VALÈNCIA. Cuando parecía que se cerraba una época convulsa en el servicio de la grúa de València, hay nuevos sobresaltos. Recientemente, el Ayuntamiento de València ha adjudicado el servicio a la compañía Trans-asistencia La Chica. Pero la tramitación del concurso público, al que sólo se presentó esta empresa, ha levantado algunas sospechas de irregularidad.
Así, la pasada semana el consistorio recibió un escrito de denuncia del sindicato Solidaridad en la que alertaban de posibles irregularidades en el proceso de valoración de la oferta de la compañía y en su posterior adjudicación. Según la denuncia, la empresa presentó una oferta que más tarde acabó modificando para ser adjudicataria, unas "arbitrariedades" irregulares por lo que la organización pedía suspender la firma del contrato.
Así, el escrito, al que ha tenido acceso este diario, señala que la firma -la única licitadora- presentó en su oferta unos depósitos de vehículos "que no cumplían con los requisitos recogidos en los pliegos del contrato" y que, finalmente, se le iba a adjudicar el contrato de la grúa municipal "tomando como solvencia técnica" unos depósitos "distintos a los incluidos inicialmente en la oferta".
En ese sentido, el documento de advertencia relata que los técnicos consistoriales solicitaron una aclaración a la licitadora sobre los depósitos ofertados y, mediante esa aclaración, la compañía cambió estos depósitos. Por ello se cita la normativa, según la cual se pueden pedir aclaraciones "siempre que ello no suponga una modificación de los elementos fundamentales" de la oferta o cuando "implique una variación que pueda falsear la competencia o tener un efecto discriminatorio".
"La jurisprudencia y la junta de contratación tiene sentada la doctrina de que no se puede modificar el contenido de la oferta presentada, y menos aún aportando unos medios (depósitos) distintos a los incluidos en la oferta, por cuanto ello afecta a los principios más básicos de la contratación pública, entre ellos, la libre concurrencia e igualdad de oportunidades", denuncia el escrito.
Así, añade que el hecho de que sólo concurriera una empresa "no habilita al órgano de contratación a permitir que éste modifique el contenido de su oferta" y cita diferentes resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) según las cuales "la aclaración no puede suponer una modificación de los términos de la oferta". Además, la denuncia también señala la existencia de "serios indicios" de que "la capacidad y solvencia para licitar" de la compañía en cuestión "no se cumplían" cuando se presentó la oferta.
Por eso, el sindicato Solidaridad considera que se han cometido "irregularidades que incluso pudieran sido señaladas por funcionarios de la corporación sin que el gobierno municipal que dirige Joan Ribó las haya tenido en consideración". La organización sindical apunta a un "grave menoscabo" que habría supuesto para el funcionamiento de los servicios municipales.